■ Diputados de oposición designaron a Gerardo Espinoza como abogado para este proceso
■ Argumentan que se violaron los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Carta Magna
Los diputados de oposición, integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del PT, del PRD y del PES, anunciaron que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del procedimiento legislativo mediante el cual se aprobó el paquete económico de Zacatecas para 2018.
Como abogado para encabezar este proceso designaron a Gerardo Espinoza, quien explicó que existen bases legales para proceder de esta forma ya que se violaron los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esto, dijo, debido a que la SCJN ya ha emitido posturas respecto de la necesidad de que en las deliberaciones de un procedimiento legislativo se garantice la pluralidad de fuerzas políticas, es decir, “que debe de estar debidamente convocado el pleno de la Legislatura” para que todas las expresiones puedan estar presentes.
En este sentido, narró los sucesos del pasado martes, en los que se suspendió una sesión presidida por una diputada de Morena por falta de quórum y posteriormente los legisladores de las fracciones parlamentarias oficiales continuaron con estos trabajos que derivaron en la aprobación del paquete económico, sin la presencia de la oposición.
Al respecto, Espinoza expuso que, “sin haber convocado debidamente a las fracciones parlamentarias y a los diputados integrantes, se instaló el pleno de manera ilegal con una mesa directiva aún no en funciones”.
Explicó que la propia legislación establece que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene que presentarse en los 30 días posteriores a la publicación del presupuesto en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, sostuvo que para poder iniciar este proceso se requiere al menos a 33 por ciento de los diputados integrantes de la Legislatura y, en este caso, se tiene el número suficiente para proceder, puntualizó.
El abogado señaló que la trascendencia de este caso queda demostrada por la inclusión en las sesiones “ilegales” del Presupuesto de Egresos del estado para 2018, es decir, es importante porque en estos actos fue aprobado el ejercicio del recurso público de la entidad durante el próximo año.
Advirtió que el hecho de interponer una acción de constitucionalidad no implica “la suspensión del acto reclamado”, por lo que el presupuesto autorizado entrará en vigor el primero de enero de manera normal hasta que se tenga una resolución en el caso.
En este punto, la diputada Geovanna Bañuelos aseveró que “nosotros sabemos que nos asiste la ley, la razón” y confió en que “en las instancias legales les habremos de ganar. (…) La ruta de la legalidad no es la más rápida, pero es la correcta”.
