Barcelona. Barcelona está blindada por tierra, mar y aire. Las inmediaciones del Parlamento catalán, donde ahora mismo se concentran las miradas de todo el Estado español y de medio mundo, están cerradas a cal y canto por un hermético dispositivo policial con el fin de garantizar la seguridad absoluta de los diputados que ahí se encuentran y establecer un perímetro de seguridad ante lo que se vaticina como un día histórico. A las seis de la tarde (11 de la mañana, hora mexicana) se develará el contenido del histórico discurso de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, en el que tiene previsto declarar la independencia unilateral.
Cataluña vivirá hoy uno de esas citas históricas en las que se decide su futuro inmediato. Todo el escenario está dispuesto para escuchar al líder del movimiento nacionalista que ha impulsado la secesión del territorio catalán del Estado español. Puigdemont, que sustituyó el que fuera delfín de Jordi Pujol en el liderazgo del nacionalismo catalán conservador, Artur Mas, será el responsable de darle contenido y letra a una sesión parlamentaria anunciada como el punto y final de Cataluña en su relación con España. Un paso histórico que, sin embargo, tiene todavía muchas interrogantes por resolver, sobre todo el cómo y cuándo se convertirá en una realidad la constitución de la nueva “república independiente de Cataluña”.
La gravedad del momento que se vive en Cataluña y en España se puede medir en función de los más de mil medios de comunicación acreditados en el Parlamento catalán para seguir en directo la sesión y el discurso, de los cuales más de 320 son extranjeros -la mayoría europeos, por las consecuencias políticas y económicas que tendrá en proceso de autodeterminación en la Unión Europea (UE)-.
Si se respeta la hoja de ruta trazada por el independentismo catalán, hoy, una vez entregado en la Mesa del Parlamento el informe oficial con el resultado del referendo del pasado 1 de octubre, en el que más de un 90 por ciento del electorado que participó en el proceso -alrededor del 43 por ciento del censo- optó por la proclamación de un nuevo país. El informe se analizará y se debatirá, pero será el presidente Puigdemont quien dirá, en nombre del gobierno catalán -formado por una coalición de los nacionalistas conservadores del Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT) y los nacionalistas republicanos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)- sus conclusiones sobre el proceso y los pasos a seguir.
Si se aplicara la “ley del referendo”, aprobado en el pleno del pasado 5 de septiembre y suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional español (TC), se tendría que declarar la independencia en 48 horas y, acto seguido, que entrase en vigor la otra ley aprobado en ese mismo pleno y también suspendida por la justicia española, la “ley de transitoriedad” o “desconexión”, que funcionaría como la “Constitución catalana” en el proceso de transición y de desvinculación de las instituciones catalanas de las españolas. Eso es lo que marca la hoja de ruta, pero la inestabilidad económica, la fuga de empresas grandes, medianas y pequeñas de la región, y la división al interior de la coalición de gobierno y de sus socios, los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) han sembrado dudas sobre los pasos que se anunciarán hoy.
En cualquier caso la ciudad está blindada. Al tiempo que la policía española mantiene un dispositivo de emergencia en el que tiene el control de los aeropuertos y puertos, para el caso de que se decidiera decretar la independencia, y el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitó que la autoridad en materia de seguridad recayera en la Guardia Civil y no en los Mossos d´Esquadra, como había sido hasta ahora.
El vocero del gobierno catalán, Jordi Turull, compareció unas horas antes de la histórica comparecencia de Puigdemont para confirmar que el “gobierno está cohesionado”, que “no hay división interna” y que será “un día histórico”, aunque no desveló más detalles sobre el contenido del discurso.
Mientras que el vocero del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, señaló que “Puigdemont ha situado a su gobierno al margen de la legalidad. Se ha producido una ruptura entre catalanes. Hay muchas empresas que se están yendo porque no se fían de su gobierno. Es el momento de reflexionar y de que haya serenidad. Esperemos que Puigdemont vuelva a la legalidad y al diálogo en el parlamento de Cataluña. Hay que buscar la concordia de sus ciudadanos. Es su deber., pues una declaración unilateral de independencia es un fracaso de Europa, un proyecto que se hizo después de la II Guerra Mundial para convivir en democracia y en libertad. Europa ya ha dicho que no reconocerá una declaración de independencia, así que no hay que hacer algo que luego no podamos remediar”.
