La falacia del aumento de condenas, ahogados en la impunidad

La falacia del aumento de condenas, ahogados en la impunidad

Un un país donde la ley no se aplica, ¿es lógico querer encontrar la solución a la inseguridad en la elaboración de leyes ‘más duras’? Es como afirmar que proponemos una solución en un ámbito que no se implementa. Así, de entrada, es infértil hacer de una ley la punta de Ariadna para salir del problema de la seguridad. Los legisladores o no estudian o no se asesoran o no les importa resolver los problemas. Ya se ha dicho en foros de todos colores por un sinfín de expertos que antes de apostarle a las leyes más duras, se asegure el Estado de mejorar su funcionamiento en cuanto a la procuración de justicia. Mientras sólo 7 por ciento de los delitos son efectivamente castigados y el restante 93 por ciento de delitos quedan impunes, es poco probable pensar que la senda a seguir sea proponer 100 o 500 o un millón de años de cárcel. Además, del total de la cifra negra, el 63 por ciento de los delitos no son denunciados por causas atribuibles a la autoridad, entre las que están malas investigaciones, formas deficientes de llevar los casos legales o la desconfianza de la ciudadanía que los lleva a no denunciar (cifra morada). Por ello, no es mala la idea de mejorar el aparato judicial con el nuevo sistema de justica procesal, que entre otras cosas implica la oralidad de los juicios, tampoco es mala idea dar otro rostro a los ministerios públicos en sus capacidades de investigación y crear verdaderas fiscalías; o las diversas medidas para elevar la capacidad institucional de las procuradurías. Así, si los juicios fueran ágiles, se resolvieran con rapidez, se integraran con eficacia los expedientes, y los procesos de investigación marcaran el ritmo de las pruebas, entonces tendríamos un estado de derecho real. Si eso llegara a ocurrir, la criminalidad comenzaría a bajar con toda seguridad, porque el mayor aliciente a la ocurrencia del delito es la creencia de que no pasará nada, esto es, la impunidad es el motor de la delincuencia.

Pero el nuevo sistema de justicia procesal está atrasadísimo en su implementación. Se dieron 8 años para que estuviera todo listo, de 2008 a 2016, sin embargo, nada de eso ocurrió. Los abogados siguen sin la capacitación para su ejercicio, y así, la maquinaria no camina. El resultado final es que la cifra negra y la morada continúan incólumes. Si no se recupera la confianza en la autoridad, el resultado final es que (en realidad) no hay autoridad. ¿Por qué en lugar de insistir en medidas meramente legislativas como el aumento de penas, no se abocan en asegurar que funcione el modelo del Nuevo Sistema de Justicia? Hay razones para afirmar que teóricamente es un buen modelo, pero depende de la efectiva manera de implementarlo, igualmente las policías científicas y la renovación de los ministerios públicos. En suma, en lugar de pensar en elevar penas, deben concentrarse en bajar la impunidad y recuperar la confianza en las instituciones. De no ser así, estamos sólo ante frías llamaradas de simulación con fines mediáticos.

 

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