Fiscalía de NL denuncia ante PGR a jueza que liberó a Medina

Fiscalía de NL denuncia ante PGR a jueza que liberó a Medina

Monterrey, NL. La fiscalía del gobierno de Nuevo León denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a la jueza que ordenó la liberación del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz del penal del Topo Chico.

Lo anterior, al detectar que Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, jueza quinto de distrito en materia penal de Nuevo León, utilizó un criterio distinto al habitual para liberar al ex mandatario priísta acusado por entregar apoyos ilícitos por 3 mil millones de pesos a la automotriz KIA.

Ernesto Canales titular de la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León, aseguró que la decisión de la juzgadora fue contra la ley, ya que el Sistema Penal Acusatorio y la Ley de Amparos se contradicen, por lo que también presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

“La jueza se extralimitó en la aplicación de la ley, con el argumento de que contaba con la protección de un amparo, pero este sólo cubría la situación jurídica antes de la audiencia y no las nuevas acusaciones, a las que fue procesado”, dijo Canales en rueda de prensa en el palacio de gobierno.

Agregó que “si revisamos las resoluciones de esa jueza en otros casos, ha aplicado un criterio distinto. Por lo que creemos que para proteger a Medina cambió su criterio y de manera equivocada”.

Medina de la Cruz fue encarcelado en el penal del Topo Chico el pasado 26 de enero a las 3 de la madrugada y fue liberado 19 horas después gracias a un amparo que sus abogados hicieron valer y que, aseguraron, no fue respetado por el juez de control.

Para Canales, esta contradicción entre juzgados se debe a la contradicción entre la Ley de Amparos y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

“La jueza consideró que el amparo protegía a Medina contra cualquier situación jurídica que se encontrase, pero olvidó que solo lo puede proteger de una situación concreta”, explicó.

Al fiscal, le parece inusual que la jueza no pidiera, antes de pedir la liberación del imputado, un informe al juez de control, por lo que sospecha que la magistrada haya dado cumplimiento a una orden recibida “de más arriba”.

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