■ “La doctrina jurídica nos dice que la construcción de una norma debe ser general y abstracta”
■ Rebaja de 66% a presupuesto de Comunicación Social este 2017 en el Poder Ejecutivo no tiene relación con la garantía de los derechos a la información y libertad de expresión
El coordinador general Jurídico de Gobierno del Estado, Jehú Edui Salas Dávila, consideró que la disminución de 66 por ciento al presupuesto destinado a Comunicación Social este 2017 en el Poder Ejecutivo, no tiene relación con la garantía de los derechos a la información y la libertad de expresión de los zacatecanos y que lo adecuado desde esta entidad es regular estos recursos “a través de un mecanismo administrativo”.
De esta manera sostuvo que el ya emitido es suficiente para “determinar bajo qué criterios vamos a contratar medios de comunicación para difundir las propagandas publicitarias que el gobierno necesita”.
Dijo entonces sobre la posibilidad de que se genere una Ley de Medios que abordara éste, y otros temas relacionados con el respaldo desde el Estado para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad informativa, con subsidios y la transparencia en la asignación de los convenidos de publicidad, que “sería una irresponsabilidad completa del Ejecutivo establecer y dar una opinión hoy de si es o no necesaria la estructura y la construcción de derechos de primera naturaleza”, como lo son los citados, pues ésta es competencia del Legislativo.
Abundó sobre la objeción de crear una ley en materia de medios de comunicación para el estado de Zacatecas al señalar que la doctrina jurídica “nos dice que la construcción de una norma debe ser general y abstracta”.
De esta manera la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, que regula la contratación de bienes y servicios, tales como “la colocación de una ventana, de un aire acondicionado” u otros, resulta en su opinión adecuada también para el caso de la contratación de publicidad en medios de comunicación, aun cuando los contenidos involucren el derecho a la información.
“Yo creo que las necesidades hoy de contratación de publicidad, porque la publicidad atiende a la necesidad de quien contrata, o debe atenerse a la necesidad de quien contrata, no a la necesidad del medio; entonces creo yo que las necesidades hoy –del Poder Ejecutivo- (…) están cubiertas con los lineamientos que fueron emitidas por el titular”.
En el Informe Anual de la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión 2010 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se ofrecieron principios básicos para orientar la legislación en esta materia.
En el apartado 8 del capítulo Pluralismo Informativo y Publicidad Oficial, observó que los Estados deben destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha insistido en las dimensiones tanto individual como social de la libertad de expresión, y conjuntamente con la Comisión Interamericana de DDHH, sostiene que la ausencia de pluralidad de fuentes y medios de información “representa un serio obstáculo para el efectivo ejercicio de este derecho”.
Es por ello que propone como un deber del Estado, el impulsar el pluralismo informativo mediante franquicias tributarias, sistemas de fondos, ayudas o subsidios concursables, entre otros mecanismos.
El documento sostiene a la par que estos mecanismos y los criterios de su operación deberán “ser justos, abiertos, públicos y utilizar criterios claros, transparentes y neutros en relación a la línea editorial o el enfoque político de los contenidos”, pues aclara que los Estados nunca deben utilizar la publicidad oficial como un subsidio, ya que tienen objetivos distintos.
