■ Perspectiva Crítica
Como bañados con un balde de agua helada los mexicanos salieron de las fiestas decembrinas, y se encontraron ante un panorama que supera por mucho las inclemencias de las cuestas de enero de años pasados, incluso décadas.
Ante la pasividad de millones que no vieron en hechos como la devaluación del peso ante el dólar en meses pasados un motivo suficiente como para inconformarse, el Gobierno Federal se sintió confiado y dispuso múltiples impuestos y elevó costos; el más significativo es el aumento en el precio de la gasolina, lo cual ha desatado múltiples protestas en gran parte del país.
Aunque el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, auguró que el gasolinazo no potenciaría la inflación, lo único que consiguió con sus palabras fue demostrar sus precarias nociones económicas, pues en un país que se ha sostenido tradicionalmente en el petróleo para su desarrollo, el aumento al combustible representa un efecto obligado en múltiples ámbitos, y ello se agudiza en el marco de la medida priísta-panista de no fomentar el desarrollo endógeno mediante la construcción de refinerías, para en su lugar, malbaratar el crudo a Estados Unidos.
De manera escalonada han seguido al gasolinazo el aumento en el transporte, a productos de la canasta básica, además de incrementos en el costo del servicio de energía eléctrica y agua potable. La necesidad ha llevado a diversos ciudadanos a manifestarse en múltiples entidades del país, en especial porque el incremento de fijación de 3.9% al salario mínimo, que representa recibir 4 pesos más, resulta una burla ante la oleada de incrementos dispuestos por gobiernos federal y locales.
El panorama pinta negro, pues una esperanza (remota, pero esperanza a final de cuentas), era que Enrique Peña Nieto volviera de sus vacaciones en el campo de golf y diera marcha atrás a las disposiciones oficiales, o al menos las atenuara. No obstante, Peña decidió ignorar la voz popular y se ciñó a la máxima príísta de achacar sus imposiciones a causas ajenas, en este caso el alza en el costo de las gasolinas a nivel internacional. Bajo ese supuesto, valdría la pena preguntarle a Peña cómo explica que otros países no hayan incurrido en el mismo tipo de disposiciones, incluso naciones que no cuentan con los mismos recursos petroleros que México.
En todo caso, incluso partiendo de la palabra presidencial la irresponsabilidad es clara, y denota que el país está encaminado a padecer peores escenarios en razón de la degradación de las condiciones de vida, y la nueva relación que se habrá de tejer con el gobierno estadounidense. Las primeras briznas al respecto llegaron con las amenazas de Donald Trump en semanas previas, pero incluso antes de tomar posesión México ya se ha cimbrado por la presión que el estadounidense ha ejercido sobre las empresas automotrices Ford y Toyota. La primera canceló en el estado de San Luis Potosí la edificación de una de sus plantas automotrices, lo que perjudicará directamente a cientos de habitantes de esa entidad. Posteriormente Trump amenazó a Toyota con un elevado arancel en caso de instalar una de sus plantas en México y no en Estados Unidos, y aunque la empresa no ha definido en su totalidad las acciones que tomará al respecto, lo significativo es el poder de presión que Trump tiene y está dispuesto a ejercer.
Sobre este poder es preciso comprender que, durante la presidencia de Trump, estará basado en la fuerza militar que Estados Unidos tiene mediante sus bases militares repartidas alrededor del globo, en primera instancia, pero también depende de otros aspectos, y no necesariamente generados en Estados Unidos.
Al respecto destaca la posición de México en el concierto internacional, posición que implica una sistemática subordinación a los intereses hegemónicos de su vecino del norte, y tiene como resortes la deuda externa (también llamada eterna); la adopción del credo neoliberal que ha tenido como correlato la desprotección del campo mexicano, el privilegio de los monopolios sobre el bienestar social, el saqueo a mansalva de bienes naturales, y en especial los altos niveles de corrupción de nuestras autoridades y la pasividad de amplios segmentos sociales, los cuales han demostrado que tienen toda la disposición de tomar la bandera revolucionaria, siempre y cuando ello sólo implique dar un like u opinar algo en las redes sociales, en vez de salir a manifestarse de manera pacífica pero contundente a las calles. ■
