Sabemos que el ejecutivo federal presentó una propuesta de presupuesto que recorta aspectos esenciales y vitales del desarrollo social: seguro popular, zonas indígenas, educación y prevención del delito. El renglón de presupuesto no-programable, como pago al servicio de la deuda y pensiones provoca que se recorte al programable. Lo que nunca ha explicado Gobierno Federal es por qué se prefiere cortar rubros tan sensibles y no se afectan otras áreas menos vitales para los mexicanos. En este escenario, se manda en ceros algunos programas de recursos extraordinarios a las universidades que sirven para ampliar matricula, para aminorar pasivos laborales y problemas financieros. Además, se toman medidas agresivas contra ellas en caso de adeudos a Hacienda. Es el contexto que explica la crisis que sufre la Alma Mater de los zacatecanos. Así las cosas, se debe ser muy osado en la gestión: estrategia política, institucional y de negociación.
En la estrategia política está desde pactar acciones con los sindicatos, la alianza con otras universidades del país con problemas parecidos o, incluso, consensar acciones en toda la Anuies; y el tejido con todos los grupos parlamentarios para influir en la poderosa comisión de Presupuesto de la Cámara de diputados. En dicha cámara se debe actuar tanto con los legisladores zacatecanos, como con los líderes de todas fracciones parlamentarias. Dadas las condiciones se debe implementar una estrategia de abordaje muy agresiva. La tibieza y los temores son malos consejeros. Una institución educativa como la UAZ no tiene color partidario: debe gestionar con todos. Y al mismo tiempo que presiona por vía de los representantes populares, también puede conseguir el consentimiento de empresarios, líderes sociales, alcaldes, sindicatos, y más actores sociales de la entidad que ayuden a hacer presión al Gobierno Federal para que respete el derecho de los zacatecanos de contar con una universidad estable. Pero no vemos estrategia política. ¿Toda su astucia se reduce a hacerse acompañar del gobernador y pedir una audiencia con el Secretario de Hacienda? ¿Eso es todo? Legisladores de la comisión de educación declaran que ni siquiera han sido visitados.
Hoy es 26 de octubre, y la fecha límite (según la ley) es el 25 de noviembre, para tener aprobado el presupuesto 2017. Es poco tiempo para operar. El esquema de negociación también se observa débil: ¿la oferta a la Secretaria de Hacienda es el Plan de Austeridad de los 23 puntos? Parecido al Plan de Austeridad del gobierno estatal que pretende ahorrar 50 millones (o sea, nada). La estrategia de negociación se ve muy floja. ¿Guzmán no iba a formar un Concejo con los ex-rectores, para asesorarse con ellos? La experiencia de dichas personas le puede servir. Pero no lo ha hecho. Ha mantenido buena comunicación con el Spauaz (y eso está bien), pero no se han desprendido de ahí tareas comunes. Se requieren ya acciones contundentes. Todo parece que no es un asunto de atender las razones o justificaciones que tenga gobierno federal para actuar contra las universidades, sino un asunto de la presión que se logre hacer al mismo. El rector debe hacerse llegar buenos asesores (se percibe buena disposición de todo mundo) y armar el plan a la de ya. El tiempo, como mecha, se consume.
