■ Francisco Valerio: los legisladores locales ejercen las funciones de presidente municipal
■ Herramientas legislativas, “perversión de las funciones y del tiempo del trabajo” de diputados
En el modelo de la democracia internacional no debe haber muchos lugares en el mundo donde los diputados se autoasignen recursos para ejercer funciones que no les competen, tal cual sucede en México y por ende este estado donde reciben dinero para hacer gestión social, dijo el académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Juan Francisco Valerio Quintero.
El docente de la Unidad Académica de Ciencias Sociales consideró en entrevista que es “una perversión de las funciones y del tiempo del trabajo de los legisladores” el que cada uno de los 30 diputados locales reciba al mes casi 200 mil pesos por concepto de herramientas legislativas o gestión social.
Durante la sesión legislativa del pasado martes, el coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luis Medina Lizalde, informó que según cifras oficiales, cada representante popular recibe al mes 385 mil 688.70 pesos entre su dieta, las denominadas herramientas que son para dar apoyos a la gente y ascienden a casi 200 mil pesos y otros conceptos.
Medina propuso la desaparición de las herramientas legislativas, pero la propuesta no fue bien vista por algunos priístas. Al respecto, Valerio Quintero dijo que si los representantes populares consultan la Constitución del estado y la normatividad interna de la Legislatura les quedará claro que su facultad exclusiva es la de legislar.
De manera tal que no sólo no se justifica que reciban 200 mil pesos mensuales para hacer gestión social, sino que “es una aberración” al no estar establecido en ninguna disposición constitucional legal. Sin contar la falta de transparencia y la discrecionalidad con que se ejercen esos recursos. De ahí que se ha vuelto un vicio mantener un sistema clientelar.
El también analista político consideró que si un diputado encuentra una escuela que amerite pintura y mesabancos, no tiene porqué ser él quien lo aporte, sino que su función es avisar a la autoridad correspondiente y vigilar que cumpla con la demanda. De lo contrario se evidencia que los diputados ejercen funciones de presidente municipal “no sé con qué nivel de calidad”.
Refirió que en el sistema democrático la obligación exclusiva de un diputado es manejar su inteligencia para comprender la realidad social y política del estado y legislar en consecuencia en función del interés público, así como servir de control a los actos del Poder Ejecutivo, para lo cual no necesita “herramientas legislativa”.
Sin embargo, dijo, en Zacatecas se recuerda con pena ajena aquella sesión formal de la 60 Legislatura donde algunos de sus integrantes se preguntaban dónde estaba su pago de 100 mil pesos por haber aprobado sin modificar un presupuesto local.
Además, agregó Valerio Quintero, el recibir herramientas legislativas por tal cantidad se ha prestado a la falta de transparencia pues se han manejado con discreción. Refirió que en la anterior Legislatura hubo una presunta comisión de delito al utilizar facturas apócrifas para comprobar recursos, lo cual la Cámara debió atender pero se exoneraron “fast track”.
No obstante, agregó, que el Poder Legislativo estaba obligado a ordenar una investigación puntual de esa realidad y sencillamente poner en la cárcel a los responsables, de otra manera no será posible que la Legislatura ejerza sus funciones con el consenso de la sociedad. Si lo hacen a espaldas, quiere decir que legislan para “un mundo que no es el de nosotros”.
En 2015 La Jornada Zacatecas documentó que diputados de la 61 Legislatura, con el pretexto de justificar gastos de gestión contrataron empresas fachadas, que les facturaron desde asesorías legislativas hasta venta de globos y tóner para impresora.
Se trató de tres empresas: Bello Caporetto S.A. de C.V., Consultoría Ipanema S.C. y Productos y Servicios Comercializados Gaudino S.A. de C.V., las cuales facturaron en 2014 y el primer trimestre de 2015 un total de 9 millones 31 mil 528.13 pesos por productos y servicios que no se comprobaron.
Ante ello la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se inició una investigación, pero a la fecha no se han dado a conocer avances. Por contrario la Auditoría Superior del Estado (ASE) y los propios ex diputados por unanimidad se fiscalizaron y aprobaron sus cuentas públicas correspondientes a su gestión, sin que se haya hecho mención del tema.
En la sesión legislativa del pasado martes la diputada del PAN, Lorena Oropeza se pronunció por abordar en sesión privada el tema de las herramientas legislativas ya que no era “adecuado” en ese momento. Al respecto, Valerio Quintero comentó finalmente que en privado pueden discutir el manejo de su dinero, pero no el del recurso público.
