¿Qué explica la corrupción?:

¿Qué explica la corrupción?:
  • Cuatro teorías (no necesariamente contrapuestas)

Para combatir la corrupción es necesario antes, sin duda, saber a qué se debe su extensión o su acontecimiento generalizado. Para ello debemos recurrir a las teorías que se han elaborado para tratar de explicar este fenómeno que cubre no sólo a México, sino a un cúmulo de países latinoamericanos y del sur de Europa. Con la explicación del presidente de México y una gama importante de connotados priistas en el sentido de que se trataba de un fenómeno cultural, las posibilidades de intervenir con éxito en la erradicación del problema estaban anuladas. Si es un rasgo de la cultura de los mexicanos debíamos, en el mejor de los casos, esperar decenas de años porque los cambios de patrones culturales de comportamiento son de larga duración. Pero dada la preocupación por resolver el tema, recurrimos a otras explicaciones más plausibles que nos dejen más conformes. Además, de evaluar a la luz de esas explicaciones la propuesta que actualmente se implementa en México llamada Sistema Nacional Anticorrupción.

Primera explicación: el institucionalismo. En esta teoría no se atribuyen las causas de la corrupción a la mera conducta moral de los individuos, sino a la debilidad de las instituciones que no sólo no la impiden, sino la hacen posible o hasta la alienta. Las instituciones se entienden como las reglas permanentes que norman el comportamiento de los funcionarios y personal de los gobiernos. Y se centra en estas personas porque la propia definición de la corrupción (dada por Transparencia Internacional) es “el abuso de poder público en beneficio privado”. Y el poder público esencialmente se ejerce en el Estado. La cosa es que existen condiciones que permiten a los servidores públicos realizar actos de corrupción, y son las instituciones quienes ofrecen dichas oportunidades. Entre los factores de oportunidad están desde la anomia e ineficacia de las instituciones que ‘convoca’ a los ciudadanos a buscar atajos dentro de los aparatos burocráticos en turno; hasta ausencia total de regulaciones y contrapeso que generen impunidad ante los actos ilícitos. La Impunidad (la circunstancia en que no pasa nada) provoca el uso indebido de los recursos públicos. En este caso se supone que las instituciones deben estar construidas de tal manera que hagan imposible o muy difícil el manejo corrupto de los recursos públicos, o que si ocurren prevea consecuencias de alto costo para el que lo ejerza. Y eso se resuelve con arquitectura y funcionamiento de las instituciones: transparencia, castigos efectivos y rendición de cuentas. Es sobre este riel donde está montada la apuesta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Otra explicación asociada a la institucional es la llamada “Oportunidad Económica”. En esta se supone que los individuos se rigen por el comportamiento racional que maximiza sus utilidades y disminuyen sus costos. Es decir que la corrupción ocurre porque hay un cálculo costo-beneficio por parte de los actores de esa conducta y, el cual les resulta positivo. Y como el “costo” son riesgos, pues la corrupción ocurrirá en ambientes de pocos riesgos para ésta. Se asocia a la anterior explicación porque la debilidad institucional es la que hace posible los ambientes de poco riesgo o alta tolerancia a la corrupción. De tal manera no se concibe este mal como una conducta irracional, sino como perfectamente racional pero en condiciones de impunidad. Para maximizar sus utilidades, los empresarios pagarán para obtener contratos o ventajas en las privatizaciones; y por los mismos motivos gastarán dinero en apoyo a campañas políticas, porque en esa lógica se convierte en una inversión de sus negocios. Por lo tanto, se cree que no es un problema en la conducta de los ciudadanos privados o los funcionarios particulares, sino de la estructura institucional que  hace posible la ‘oportunidad’ de hacen negocios privados con uso de recursos públicos y la impunidad ante ello. Con las cosas así puestas, la solución es afinar los mecanismos institucionales que bloqueen esas ‘oportunidades’.

La explicación funcionalista. Los funcionalistas (como Huntington) explican la corrupción como producto de una disfunción en las sociedades que están en procesos de transición (o de modernización) y que generan una desproporción entre las viejas normas y las nuevas fuentes de riqueza o de poder. En esos procesos la política se convierte en un camino a la riqueza: las nuevas  ambiciones que no pueden encontrar lo que quieren en los negocios, pueden hacerlo en la política. Las causas de la corrupción son las mismas que las de la escalada de violencia e inestabilidad.

La tesis primordial es que surgen como consecuencia del rápido cambio social y de la veloz movilización política de nuevos grupos, junto con el lento desarrollo de las Instituciones políticas. Estos cambios socavan los fundamentos tradicionales de la autoridad y las instituciones políticas tradicionales, y complican tremendamente los problemas de la creación de nuevas bases de asociación e instituciones políticas que unan la legitimidad a la eficacia.

La corrupción tiende “un puente entre quienes ocupan el poder político y quienes dominan la riqueza”. Los nuevos millonarios compran bancas y de ese modo se convierten en participantes del sistema político en lugar de ser opositores de él. Existe la corrupción de los pobres y la de los ricos. Unos intercambian poder político por dinero; los otros dinero por poder político. En ambos casos se vende algo (un voto, un puesto, una decisión) en beneficio personal.

Las funciones de la corrupción, así como sus causas, son similares a las de la violencia. A ambas las fomenta la modernización; ambas son sintomáticas de la debilidad de las instituciones políticas; una y otra son características de las sociedades pretorianas. Las dos constituyen un método por el cual los individuos y los grupos se relacionan con el sistema político, y en verdad participan en él violando sus costumbres. Ambos casos representan medios ilegítimos para presentar exigencias al sistema, pero en un caso se obtiene satisfacción, mientras que por medio del otro se lleva a cabo la protesta. El predominio de intereses extranjeros en un país determinado tiende a promover la corrupción, porque los extranjeros tienen menos escrúpulos para violar las normas de la sociedad, y porque su control sobre importantes fuentes de bienestar económico impulsa a empresarios nativos a tentar fortuna por medio de la política. El uso de la función pública como medio para enriquecerse implica una subordinación de las instituciones y los valores políticos a los económicos. El principal objetivo de la política deja de ser el logro de metas públicas, y es sustituido por la promoción de intereses individuales.

Una consecuencia de este enfoque es que si no hay medios de movilidad en una sociedad que tiene despiertas sus ansias de hacerlo, la corrupción será inevitable. Por tanto, la clave es lograr los medios de movilidad social fuera de la política. En una sociedad como la mexicana donde la movilidad está negada por una desigualdad sólida, las salidas de la corrupción seguirán siendo actuales, y los mecanismos institucionales serán siempre insuficientes. Sin cambios en la estructura de las oportunidades económicas, no podemos esperar cambios en la conducta de todos aquellos que invaden el Estado como espacio de oportunidad de beneficios privados. La disfuncionalidad de fondo es que se usa al Estado en funciones que son del mercado. La solución a la corrupción es corregir esa disfuncionalidad dándole fuerza a un mercado débil a partir de políticas económicas de equidad social.

El último enfoque es el politológico. La observación de las mediaciones políticas en la reproducción de los patrones de comportamiento que generan la corrupción. Destaca en este esfuerzo Donatella della Porta con el análisis del surgimiento de lo que llama “los políticos de negocios”. Cundo ocurre el desvanecimiento de los partidos de masas y la consecuente desideologización de la actividad política, junto a un cambio generacional y el éxito electoral vinculado al cúmulo de dinero que se acompañe en las campañas, es que emerge una figura de un político llamado “de negocios”. Se encadena el clientelismo, los conflictos de interés y el financiamiento electoral. Los empresarios cooperan y la clase política otorga ventajas absolutas a estos. Dice “A este respecto, nuestro estudio sobre Italia demuestra que los partidos políticos, una vez contaminados por la corrupción, se convierten en agencias de socialización en la ilegalidad (…). Los administradores del sector público, nombrados por el partido, consideran su puesto como una compensación por la fidelidad a un líder político determinado y como un medio de incrementar sus propios recursos económicos o los de su jefe político”. El estudio de Donatella, desde Italia, clasifica a esos políticos de negocios en ‘operadores de caja’ y en ‘jefes’, y describe la mecánica de protección envolvente que hace de la corrupción una forma (informal) de institución política. Así las cosas, mientras los sistemas anticorrupción no contemplen la intervención en las mediaciones políticas no estarán atacando el dispositivo de reproducción encubierta.

En conclusión, al Sistema Nacional anticorrupción le está faltando observar cómo se van atacar las motivaciones de fondo como las causales de movilidad social, y se pueda observar la correlación entre movilidad y corrupción. Además, de una estrategia efectiva para cambiar elementos en el sistema político de representación que evite la sinergia negativa entre clientelismo y corrupción.

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