Miscelánea
¡¡Corrupto!! Se escucha una voz que brota de la garganta de un joven que conduce una motocicleta por la calle Fernando Villalpando, a la altura del callejón de Lancaster y en el momento preciso en que el llamado “hermano incómodo” del gobernador (también conocido como el señor de los diezmos), caminaba en sentido opuesto por dicha calle. Algún minuto después, una camioneta blanca de la policía ministerial con elementos que custodian al señor Alonso, da alcance al joven idealista, indignado y gritón, le cierran el paso y varios agentes de la corporación lo bajan de su vehículo, lo apañan, lo golpean y lo amenazan para el caso de reincidencia.
El gobernador Alonso, en su último informe de gobierno dijo: “Cada Zacatecano tendrá su propia percepción de lo alcanzado en este sexenio y ejercerá su derecho fundamental a juzgarlo”. Lo reiteró ante un grupo selectivo (o seleccionado) en Palacio de Convenciones el dos de agosto pasado.
El joven idealista, indignado y gritón ha forjado su percepción y aventurando su indignación como zacatecano, expresó lo que pudiera ser interpretado como un “Yo acuso”. Gritó simplemente: ¡¡Corrupto!! Y por el uso de esa palabra, al parecer prohibida en este sexenio, fue bloqueado a su paso, apañado, golpeado y amenazado. ¿Y el derecho fundamental a juzgar a este gobierno que presumió el aún gobernador Alonso?
¿Qué falta cometió el joven idealista, indignado y gritón para que policías, desviados de su función investigadora, lo atacaran cual si fuera un delincuente? Sólo expresó su percepción, una percepción que muchos zacatecanos compartimos.
LA CRÓNICA
La Jornada, en edición del miércoles 3 de agosto, con toda oportunidad y objetividad, hace la crónica detallada del sexto y último informe del gobernador Miguel Alonso: La presencia, precisamente de Carlos Romero Deschamps, Secretario General del Sindicato petrolero, cual representando a infinidad de personajes de la política a la mexicana y caracterizados por lo mismo, resulta simbólica en este evento.
Un palacio de Convenciones, al lleno y sólo con invitados especiales dispuestos al buen comportamiento, a pesar de sus percepciones, y resguardado el lugar por cientos de policías al mando del General Pinto. Afuera del recinto los no convidados, los maestros disidentes del Movimiento Democrático del Magisterio, idealistas, indignados y gritones y, por lo mismo vejados, golpeados, amenazados: reprimidos. El General también forja su historia.
Refirió Alonso que “hace seis años se comprometió a encabezar una administración transparente y con rendición de cuentas plena”. Se comprometió y lo más probable es que así lo haya planeado, tan es así que presentó ante la Legislatura una iniciativa para crear un Tribunal de Cuentas en substitución de la Auditoría Superior a fin de combatir con eficacia a la corrupción. Sin embargo, al dimensionar los alcances de la iniciativa presentada, prefirió interrumpir su avance legislativo. ¿Las razones? Sólo él.
Afirmó que “se entrega una casa limpia, ordenada y con finanzas sanas”. Entrega una administración estatal con una deuda pública de 7 mil 400 millones de pesos. ¿La casa limpia? Tal vez.
“Vale la pena valorar en su justa dimensión la renovada tranquilidad que respiramos”, dijo. Sin embargo, el Sistema Nacional de Seguridad coloca a nuestra entidad en el nada honroso tercer lugar: con más homicidios, con más extorsiones y con más violaciones a nivel nacional y en segundo lugar en secuestros.
Los más de 4 mil millones de pesos invertidos en seguridad, no se aplicaron con inteligencia ni conocimiento y tampoco a partir de algún plan o programa integral de seguridad pública, entendiendo por ello la prevención del delito, la procuración de justicia, la administración de justicia, la readaptación social y la reinserción del delincuente a la vida productiva. Es la razón del fracaso.
INJUSTICIA LABORAL
Lamentable, por injusta y no apegada a derecho, la resolución dictada dentro del expediente 38/16-23-01-5-OT de la Sala Regional Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en contra del distinguido funcionario federal y maestro de la Unidad Académica de Derecho Juan José Márquez Valerio.
Independientemente del análisis jurídico que pudieran realizar juristas en el área del derecho laboral y administrativo, es sabido que los alcances de una sentencia no pueden ser más drásticos que los previstos para el caso concreto que se juzga.
Las fracciones de sanción que se aplican al maestro universitario del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores Públicos (I-3XXIV) no se consideran como graves, lo que sí aplica el resolutivo, al extremo inaudito de destituirlo de su cargo como Presidente de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y arbitraje.
Al no ser considerada como grave la conducta de la que se responsabilizó al Maestro Márquez, es obvio, en su caso, la suspensión, más no la destitución.
En fin, la injusticia campea por todo el territorio nacional.■
