■ Preocupación, porque ha promovido en materia de seguridad iniciativas de corte punitivo, señalan
■ Designación el ex senador del Partido Verde es un signo más del debilitamiento del Estado
Como otras organizaciones que ya se han pronunciado en el país “altamente preocupadas” por la designación de Arturo Escobar y Vega como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, en un sondeo con algunas de las asociaciones locales, se expone el recibimiento de este nombramiento, entre la reserva y el rechazo.
En un comunicado de prensa difundido por la Organización No Gubernamental nacional Causa Común, donde se refiere a la misma como “promotora de la construcción de ciudadanía, seguridad y Estado de Derecho”, mismo que fuera firmado este 9 de septiembre por 12 de asociaciones civiles y casi 50 representantes de organizaciones e integrantes de la academia y medios de comunicación, se expresa su “alta preocupación” por el nombramiento del ex senador por el Partido Verde Ecologista para la cartera de Prevención del delito de la Segob, de quien señalan, “ha promovido en materia de seguridad iniciativas de corte meramente punitivo”.
El texto agrega que quien también fuera representante de este partido ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), “carece de los conocimientos necesarios para ocupar la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana”.
Entre los argumentos de su posicionamiento esgrimen que para este encargo se requiere alguien con “la genuina convicción de que el delito puede y debe prevenirse por vías distintas a las del sistema penal, sin dejar de lado el necesario fortalecimiento institucional de este último”.
Arturo Escobar y Vega fue en 2008 promotor de la pena de muerte para los secuestradores, que precisan en el comunicado de Causa Común, es su única propuesta de combate a la inseguridad, en la que refieren, trató “con superficialidad el tema”.
El personaje presentado ayer por Miguel Ángel Osorio Chong como cabeza para prevenir la delincuencia en el país, también es aludido respecto a las “reiteradas violaciones a la legislación electoral” en el proceso de 2015 por parte de su partido, el Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que proponen que “es una pésima señal, dado que la subsecretaría en cuestión tiene entre sus objetivos promover la cultura de la legalidad”.
En redes sociales ayer mismo, también volvieron a correr las notas que en 2009 exhibieron a Escobar y Vega al momento de ser sorprendido dos días antes de la elección de julio de ese año, en el aeropuerto internacional de Chiapas, con una maleta en que portaba un millón 100 mil pesos, episodio sobre el que dio a los medios de comunicación explicaciones contradictorias.
Para María Elena Ortega Cortés, integrante de la Coordinación Feminista Olympia de Gouges y de la Red Nacional por un Milenio Feminista, la designación de Arturo Escobar y Vega es “otro desacierto del Presidente de la República, propio de su estilo de gobierno”.
Refirió que la agenda del movimiento feminista coloca entre sus temas la defensa del derecho pro persona, por lo que no es posible la coincidencia con la propuesta de la pena de muerte.
Añadió que la ciudadanía no puede seguir permitiendo que los recursos públicos a invertirse en mecanismos para garantizar la paz y el derecho a vivir sin violencia sigan quedando en manos de gente con bajos perfiles y sin experiencia para abordar temas tan delicados.
En los últimos 18 años, abundó, se ha agudizado esta situación y lejos de reconocerse por el Estado la necesidad “de enviar a las mejores y a los mejores a esta ruta de toma de decisiones, envía a personas cuestionadas por una sociedad civil con experiencia comprobada”.
En su opinión, la designación del ex senador Verde Ecologista, promotor de la pena de muerte, es un signo más del debilitamiento del Estado y amplía las posibilidades para “la ingobernabilidad del Estado fallido que esta sociedad mexicana está padeciendo”.
Las características que distinguen al nuevo funcionario en este encargo, agregó, son claras evidencias de su compromiso con los temas de corrupción e impunidad, “pero no para disminuirlos, sino como parte del entramado que conforma la delincuencia organizada en el país”.
En su reacción a este nombramiento, Víctor Anaya Mota, cabeza de Inclusión Zacatecas AC, dijo se le debe dar oportunidad a Escobar y Vega de presentar un plan de trabajo. “Si bien hay un antecedente que nos causa ciertas dudas, nuestra función en la asociación civil es tratar de solventar esas propuestas que tengan los responsables de las instituciones hacia nosotros”.
“Las instituciones no hacen malas a las personas sino que nosotros hacemos a las instituciones”, agregó quien encabeza una organización que atiende a grupos vulnerables en situación de alta marginación, y hermano de la ahora diputada federal, Claudia Anaya Mota, sobre el referente de las violaciones a la Ley Electoral del partido al que pertenece el nuevo funcionario de la Segob.
“Me siento con un poco de curiosidad, pero también con determinación de que todas las asociaciones civiles nos podemos poner de acuerdo y hacer un plan de trabajo con el director de la institución, se pueden hacer muchas cosas”, sostuvo.
También respecto a esta designación, la presidenta de la Asociación Civil Derechos del Concebido, dijo que “definitivamente es preocupante porque el nombre de mi asociación lo dice, defiendo los derechos de la persona desde su concepción hasta su muerte natural. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte”.
María Guadalupe Escobedo Ortega expresó su preocupación de que el gobierno “no haga caso a la voz del ciudadano”, y en el contexto de salvaguarda de los derechos humanos espera que la sociedad civil se manifieste respecto al tema de la prevención del delito, que dijo, “tenemos que luchar porque se dé”.
