El movimiento de recursos de los partidos antes, durante y después de las distintas campañas electorales ha producido un círculo vicioso, que apenas comienza a documentarse. El mecanismo es muy conocido por la clase política. Al ganar una elección comprando votos, el nuevo gobernante, en acuerdo con sus patrocinadores, nombra gente de toda su confianza en la administración de los contratos de obra, compras, concesiones y permisos; también designa a la persona, usualmente un familiar, que cobrará en su nombre la “mochada” y dará el visto bueno para que avance el proceso administrativo en favor de quienes aporten la cantidad exigida, generalmente en efectivo; la mayor parte de los dineros proviene de los beneficiarios de los contratos públicos, los permisos y las licencias: obras y adquisiciones con costos inflados o de menor calidad o cantidad de lo establecido, a fin de dejar a salvo los porcentajes que irán a las campañas políticas (y también a los bolsillos de los funcionarios), o transacciones a modo y extorsiones directas para permitir la construcción de edificios o fraccionamientos, la operación de ciertos servicios o la apertura y funcionamiento de comercios privados. Con ese dinero se pagan los favores de campaña y se compran ranchos, casas, autos, yates, caballos, etc., para incrementar el patrimonio privado del equipo de confianza. También se hace un ahorro para las campañas siguientes con el propósito de apabullar a la oposición con propaganda y para comprar votos; de esa manera esperan que la población les permita retener o ampliar el poder para reiniciar el círculo vicioso de la corrupción. El resultado es conocido: las campañas cuestan mucho más de lo que establecen los topes legales y el dinero que circula por fuera de los circuitos que fiscaliza el INE proviene de fuentes ilegales
Las campañas no sólo son caras porque los partidos burlan las leyes electorales para contratar espacios adicionales en la prensa y los medios masivos —para incrementar la divulgación de su propaganda, para combatir a sus adversarios o, al menos, para allegarse la simpatía cómplice de algunas plumas o voces— sino también porque en la actualidad la operación “de campo” cuesta mucho dinero: los partidos ya no cuentan con voluntarios para ubicar y persuadir a los votantes potenciales, ampliar sus redes, mantener su fidelidad y llevarlos a votar el día de las elecciones, todo lo cual exige una sofisticada tecnología que requiere, a su vez, personal discreto y capacitado, herramientas informáticas de última generación y una compleja gerencia de comunicación y logística. Además, los partidos necesitan representantes generales y en las casillas, abogados especializados y un complejo aparato de supervisión que está lejos de responder a la mística de la militancia.
El círculo vicioso descrito es sencillo y directo: el costo creciente de las campañas se paga con dinero emanado de la corrupción, y la mayor parte de los gobernantes han incurrido en esos actos delictivos y, por lo mismo, hacen lo posible por influir en la designación de las autoridades electorales para protegerse las espaldas. Por ello, la solución a la pérdida de legitimidad de las elecciones no está en lo que el INE hace bien y presume mejor: preparar la jornada electoral, sino en combatir la corrupción en su primer eslabón.
Si la fuente de dinero sucio se agota, los partidos y políticos que han propiciado este desastre moral ya no podrán seguir pagando su clientelismo. Si se quiere erradicar la compra venta de votos, debe secarse la fuente de dinero y no sólo apelar al cambio deseable de las conductas. Por el contrario, mientras la solución siga buscándose en las reglas electorales y no en controlar los flujos de dinero público —de donde viene la corrupción— lo previsible es que los partidos seguirán violando esas reglas. La corrupción debe atacarse desde las causas que la generan, directamente. Si fuera posible anularlas, el flujo de dinero que hoy corre ligero hacia las campañas y hacia las cuentas privadas de los corruptos se irá agotando. Sólo entonces los resultados electorales dependerán de los candidatos, de sus programas y de la capacidad de gobernar con eficacia y honestidad.
Sin embargo, ya están encima las elecciones de junio y los grandes partidos y sus padrinos ya preparan los maletines, las ligas y los billetes: votarán los cuerpos burocráticos y las clientelas construidas con esos dineros, de modo que los resultados serán mucho más una prueba de la fuerza de los padrinos que una consulta a los ciudadanos sobre el rumbo que debe tomar México. Pero entretanto, las expresiones de rechazo al régimen actual incrementarán su intensidad. No se necesita ser adivino para advertirlo, pues ya están en la calle y no todos ellos son pacíficos ni todos quieren construir instituciones democráticas para el futuro. Entre esos movimientos existe una diversidad de posiciones e intenciones, aunque la mayoría coincida en la denuncia del agravio sufrido por las secuelas de la corrupción del régimen que se resiste a morir. ■
