Los días 1, 2 y 3 del mes de septiembre que transcurre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación convocó a magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, jueces de Distrito y demás personal de ese poder público, a un evento denominado Seminario internacional de transparencia judicial 2014 en seguimiento a otros de la misma naturaleza realizados con anterioridad.
Los días 18 y 19 del mismo mes, el Tribunal Federal Electoral celebró las Jornadas de transparencia electoraL en la Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, dentro de cuyo marco, los órganos garantes de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, suscribimos un convenio de colaboración con la entidad convocante en el tema de transparencia.
Resulta que el Poder Judicial, tradicionalmente hermético a su quehacer interno, que no había encontrado la forma de comunicarse con la ciudadanía, se abre y promueve la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, invitando a otros servidores públicos, a los mejores académicos e investigadores del país, a periodistas, a organizaciones no gubernamentales y a la ciudadanía en general a dialogar sobre estos temas a efecto de mejorarlos.
En esos foros, se ha manifestado públicamente la preocupación sobre la desconfianza que tienen los ciudadanos en las instituciones y en los funcionarios, sobre el descrédito que en concreto el Poder Judicial tiene, a partir de la solución de ciertos asuntos, de tal manera que su propósito es disminuir la desconfianza ciudadana, lograr credibilidad y revertir ese desprestigio.
El Poder Judicial no sólo ha tenido una actitud reactiva ante la transparencia, sino “proactiva” y para fortalecerla, de motu propio ha emprendido acciones reales y efectivas, por ejemplo, ha publicado desde hace bastante tiempo sus acuerdos y ejecutorias, su actividad cotidiana y de capacitación, ha creado un tablero de control de etapas del sistema de seguimiento de la actividad jurisdiccional, ha perfeccionado sus indicadores de gestión tomando en cuenta las cargas de trabajo, ingresos y egresos de expedientes, los circuitos, las residencias, el sentido de las resoluciones, la tasa de impugnaciones, porcentajes de cumplimiento de ejecutorias.
Mejoró los sistemas de medición del trabajo de cada tribunal, ha realizado estudios comparativos sobre normas y criterios en materia de transparencia, su producción editorial se ha enfocado a su difusión, y en ese mismo tenor se encuentra el Canal Judicial; ha explicado con mayor detalle cómo ejerce los recursos públicos que le son asignados, informa puntualmente sobre la apertura de nuevas áreas o sobre la asignación de las plazas, ha implementado aplicaciones móviles en los teléfonos celulares, a efecto de que para los ciudadanos les sea más cómodo consultar la actividad jurisdiccional, hasta decidió que se publiquen los proyectos de resolución que interesan sobremanera a la sociedad y que atañen a la constitucionalidad de las leyes o a la interpretación de nuestra Carta Magna, a efecto de que los ciudadanos conozcan de antemano las posturas de los ministros y puedan apreciar mejor lo que se discuta en la respectiva sesión. Toda esta actividad implica un loable ejercicio de un órgano del poder público para poder explicar y justificar sus actos, porque rendir cuentas a la sociedad exige constante diálogo, explicación y justificación de las acciones gubernamentales.
Es importante señalar que se ha puesto especial énfasis en que, en virtud de que la función sustantiva del Poder Judicial, radica en resolver conflictos a través de la aplicación de la ley al caso concreto, y que la información debe ser asequible a la sociedad, las sentencias deben tener un mejor lenguaje, deben ser más concretas, porque abreviar las resoluciones abona a la transparencia, deben ser más claras y entendibles para los ciudadanos, a efecto de que puedan verificar y entender, cuáles fueron las consideraciones en que sustentaron sus fallos.
Todo lo anterior significa que los más altos tribunales de nuestro país han trazado una ruta correcta, que son un ejemplo a seguir para el resto de los sujetos obligados a informar, sobre todo para los poderes judiciales locales, ya que la discusión pública se ha enriquecido gracias a la transparencia y ésta se ha quedado en el ADN de las instituciones. ■
*Comisionada presidenta de la CEAIP
