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Mucho moche

Mucho  moche

Desde que se cree que ser buen gerente significa ser buen gobernante y ser buen empresario significa ser buen secretario de desarrollo económico, se cree también que ser gestor de recursos es ser legislador. Y así, hemos llegado a la conclusión de que los informes de diputados y senadores se tratan, más que de explicar su participación como representantes populares en los grandes temas nacionales, de exaltaciones y autoelogios de cómo ayudaron a repartir el pastel “bajando” fondos federales.

Eso sí, no veremos ni en informes ni en entrevistas cuál es el costo de dichas gestiones (suponiendo que lo tenga). No sabemos si el dinero obtenido para una carretera, para una universidad, para un municipio o una asociación significó el compromiso de votar alguna reforma que contravenga el interés nacional, o de dejar pasar alguna corrupción que le toque investigar. O bien, como recientemente se ha denunciado, que a ese dinero tenga que descontársele un diezmo como “gastos de representación”, ilegales por supuesto, para el legislador que los gestionó.

Una de denuncia que ejemplifica lo anterior fue presentada hace semanas por la diputada federal Zuleyma Huidobro González del partido Movimiento Ciudadano, quien dio a conocer que la organización no gubernamental Infolectura AC denunció ante la Procuraduría General de la República a Alejandro Méndez González, secretario técnico de la comisión de cultura de la cámara de diputados y colaborador de la legisladora panista Margarita Saldaña, por haberles exigido 300 mil pesos por adelantado y 10% del dinero que recibirían del presupuesto federal. De negarse, no recibirían nada. Se unieron posteriormente a la denuncia, a decir de la diputada Huidobro González, otras treinta organizaciones.

Si la llamada “sociedad civil” no se libra de estos “moches” como se les ha bautizado, tampoco lo hacen los presidentes municipales, entre ellos algunos de Guanajuato que denunciaron que legisladores federales les han solicitado o una parte proporcional de los recursos gestionados, o bien que se contrate para determinadas obras a una constructora en particular.

Entre los implicados, al menos según el diario A. M. de aquella entidad, estaría el priísta Manlio Fabio Beltrones, quien supuestamente habría ofrecido al alcalde de Celaya 160 millones de pesos para pavimentar, con la condición de quedarse con una parte proporcional de ese dinero y de que la obra fuera ejecutada por determinada compañía. Según los guanajuatenses, serían los empresarios sonorenses (de donde fue gobernador Beltrones)  Heriberto Velásquez Campa, Ángel Adán Quintero Abril y José Arcadio Cabrera Luque, los encargados de concretar el trato.

Promoviendo esto estaría también Fernando Heras Portillo, colaborador de Beltrones, y padre de Luis Fernando Heras cuya empresa Concrete Solutions comparte oficinas con la Fundación Beltrones.

Aunque Manlio Fabio Beltrones ha negado estar involucrado, según el periódico A.M. al menos tres municipios de su natal Sonora han agradecido públicamente sus gestiones para la obtención de recursos, los mismos que han encargado obras a Heriberto Velasquez

Los presidentes municipales de Guanajuato que han denunciado los “moches”, también han incluido en sus acusaciones a Luis Alberto Villarreal coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, sin que hasta ahora hayan conseguido averiguaciones que hagan suponer que se intenta frenar esta costumbre.

Hasta ahora ningún nombre zacatecano ha salido a relucir entre los diputados involucrados en los moches, ni siquiera los que han brincado de una cámara a otra durante años o los que han estado en las comisiones que más facilitan la gestión de recursos. Quisiéramos pensar que no están involucrados, no deja de preocupar, sin embargo, a cambio de qué consiguieron los recursos necesarios para echar andar los proyectos con los que promueven su imagen personal.

En el país de no pasa nada, pocas esperanzas albergamos de que la legalidad alcance a quienes han hecho negocio a partir del dinero público, pero aunque así fuera, la realidad es que esto tampoco modificaría mucho la labor del congreso. Se continúa votando medidas que quitan recursos a la educación para luego presumir que se otorgan becas (muchas de las cuales son justificadas con identificaciones y complicidades de colaboradores), se vota por reducir presupuestos a organismos en apoyo a sectores desprotegidos para luego regalar sillas de ruedas y medicinas a quienes deberían tenerlas por ley, se desmantela a los organismos encargados de procurar el estado de bienestar, para poder satisfacer las vanidades egocéntricas de quienes quieren ver filas de pedigüeños en sus oficinas en busca de ayuda. Se acepta al político como caridad lo que éste tendría que procurar por justicia social. ■

 

@luciamedinas

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