En materia ambiental, los ciudadanos nos encontramos en total desventaja frente a los constantes embates del poder económico, en algunos casos, la complicidad de las autoridades inclina aun más la balanza en favor de las industrias. La desinformación es terrible para los fines de lograr en beneficio de las presentes y las futuras generaciones, el cumplimiento irrestricto del derecho humano a un ambiente sano, al agua o a la seguridad alimentaria; muchos de nosostros desconocemos el impacto de algunas actividades sobre nuestro entorno, la salud y nuestro bienestar. Los mismos ejidatarios son presa fácil de los intereses mezquinos de las industrias y malbaratan el uso y disfrute de sus tierras, con contratos amañados y ventajosos. Las personas del campo ignoran que sus tierras pueden quedar infértiles hasta por más de 100 años cuando han sido utilizadas en la explotación minera. De igual forma, algunos activistas y organizaciones ambientalistas son muy afanozas pero desconocen los causes legales para formalizar denuncias y demandas; otros más, sirven de elemento de legitimidad a través de órganos de colaboración en donde el camino a seguir está trazado sin posibilidades de alterarlo y, menos trastocar los intereses que mueven los hilos del derroche económico para pocos. En este contexto y, motivado por la necesidad de fortalecer la incipiente ciudadanía ambiental, he propuesto en el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, que en los términos de los artículos 32 Bis, fracciones IX, XVII y 28 fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, propongan al titular del Poder Ejecutivo, la realización de la Cumbre Internacional sobre Ciudadanía y Gobernanza Ambiental a partir de la cual, México sea el país convocante a nivel mundial de organizaciones, consejos y demás órganos de participación ciudadana con el fin de conocer los avances, experiencias exitosas y acciones emprendidas en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en otros países. Estoy convencido de que el pueblo de México debe superar urgentemente las adversidades que se han padecido desde hace varias décadas como la pobreza, la marginación, el desempleo y la inseguridad, lastres que se suman a un cúmulo de retos que ahora se agudizan con los efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria, la escasez de recursos hídricos, la deforestación y, la contaminación infame de la industria minera. Si la población no está informada y capacitada para enfrentar los retos socioambientales, deberá pagar la factura de la inactividad institucional y la barbarie industrial; de tal suerte, los próximos eventos naturales encuadrados en la categoría de desastres, seguirán impactándonos ya que como lo señala el Inegi, nuestro país está ubicado a lo largo del “cinturón de fuego” donde ocurre 80 por ciento de la actividad sísmica mundial, México se encuentra en alto riesgo de sufrir desastres geológicos. En promedio, el país experimenta más de 90 sismos al año con una magnitud de 4 grados o más en la escala de Richter. Según el Inegi, las tormentas e inundaciones parecen haber experimentado los mayores incrementos durante los últimos años, causando grandes desastres naturales, económicos y humanos en diversas regiones del mundo. En este contexto y ante el cúmulo de problemas y retos ambientales que ya se antojan irreversibles, la construcción de una ciudadanía ambiental puede contribuir a la gobernanza ambiental, lo cual puede enriquecerse si en el ámbito internacional conocemos de las experiencia y acciones positivas que se han realizado a favor del ambiente y, la mitigación y adaptación al cambio climático.
Los cambios ambientales experimentados a nivel global, requieren de formas de participación ciudadana más genuinas y con mayor incidencia en las políticas públicas, en este sentido, los países de Europa, han hecho eco a la expresión gobernanza ambiental, en la que se plantean una nueva forma de abordar los problemas ambientales, inclusiva, con nociones de justicia ambiental, intra e intergeneracional, en donde el Estado modifica sus roles de intervención pública para pasar a ser promotor y rector de las acciones para proteger el ambiente y, revertir los procesos de degradación. Una función primordial es la de equilibrar los intereses ambientales con los económicos y garantizar el flujo de información entre todos los actores sociales para permitir su participación en el gobierno de los bienes comunes, entre ellos el ambiente. Sin duda, sociedad y gobierno debemos unirnos bajo el manto de la gobernanza ambiental para trazar los caminos que nos conduzcan a la sostenibilidad del desarrollo en México. ■
*Coordinador de la Comisión Nacional de Legislación Ambiental
