La visita a la ciudad de Zacatecas de más de 60 diplomáticos y autoridades de Naciones Unidas, incluyendo la del embajador norteamericano John Wayne, coincide con el escándalo generado por la revelación de prácticas de espionaje sistemático y masivo realizado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) contra gobiernos y ciudadanos de todo el mundo, provocando enérgicos reclamos de autoridades nacionales –con algunas excepciones ominosas, como el caso de México–, y una creciente inconformidad y descontento entre la población del país vecino, como quedó de manifiesto el fin de semana con una protesta masiva en las calles de Washington, convocada por decenas de organizaciones civiles, grupos ambientalistas y de defensa de derechos humanos, medios digitales e incluso organizaciones conservadoras contrarias a la intromisión gubernamental en la vida privada.
Las revelaciones sobre el espionaje a 35 jefes de estado y a las poblaciones se traducirá, indefectiblemente, en una importante pérdida de confianza en el gobierno de Estados Unidos y sus representantes, y obliga a los gobiernos amigos y aliados a ver a ese país como un competidor peligroso, un interlocutor inescrupuloso y un socio desleal.
En este contexto, resulta insatisfactorio e inexplicable que en esta reunión diplomática el gobierno mexicano no haya siquiera mencionado el tema y siga comportándose, en el caso del espionaje, de manera obsecuente y claudicante ante las pruebas del monitoreo ilegal e injerencista en las más altas instituciones del país. La diplomacia mexicana perdió otra oportunidad para manifestarse sobre estos delicados asuntos, y mostrar a los mexicanos su voluntad de hacer valer la soberanía de nuestro país.
La visita de los diplomáticos de la ONU a tierras zacatecanas también otorga pertinencia a comentarios sobre la reciente reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, efectuada en Ginebra, Suiza, en la que los integrantes de ese organismo formularon numerosas recomendaciones y señalamientos críticos hacia nuestro país en asuntos relacionados con la falta de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas, la persistencia en las leyes de la figura del arraigo y del fuero militar para el caso de violación de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra civiles, así como la circunstancia de injusticia generalizada que padecen las mujeres y los grupos sociales vulnerables en el territorio. En total, formularon 180 recomendaciones para México, casi el doble de las enunciadas durante la anterior revisión de nuestro país, hace cuatro años.
En efecto, los señalamientos sobre la continuidad de los atropellos y la falta de observancia a los derechos humanos no constituyen ninguna novedad: antes que la ONU, diversos organismos humanitarios nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional o Human Rigjht Wach, han documentado la continuidad de casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria y cateos ilegales, entre otras violaciones a las garantías individuales, que persisten a pesar de la alternancia de siglas y colores en la Presidencia de la República. Esta es, sin duda, una asignatura pendiente.
