Mi carta de liberación, documento que expide la dirección de mi centro de trabajo cuando se han presentado satisfactoriamente todos lo requisitos administrativos para cerrar un ciclo y acceder al llamado receso escolar, especifica que debo de reintegrarme el 9 de agosto del año 2013. Sin más comentarios, la mayoría de los profesores del Sistema Educativo Zacatecano han de proceder de igual manera; si no el nueve, días antes o poco después. Un periodo educativo más se avizora y la atención a los dicentes de todas las regiones estatales se aproxima, con una sustancial diferencia con respecto a los años anteriores: inicia la aplicación de la Reforma Educativa de manera ineludible. El magisterio nacional no tuvo opciones: o la acepta o la consiente, que es casi lo mismo, aunque la lucha por producir modificaciones a los artículos de la nueva legislación aparentemente continúa, a nivel nacional y bajo las excepciones hasta cierto punto lógicas en algunas entidades del país.
A decir de Luis Hernández Navarro, relevante analista de los procesos educativos, “la Reforma Educativa pone la carreta delante de los bueyes. En lugar de ubicar con claridad los grandes problemas educativos nacionales (la desigualdad y el rezago), establece como el reto principal de esta etapa atender la calidad de la enseñanza. En vez de respetar la naturaleza pluriétnica y multicultural del país y de la educación, la violenta fijando mecanismos de evaluación homogéneos, sin definir con precisión lo que se entiende por calidad, de acuerdo a las adiciones a los artículos tercero y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”. El hecho que más incertidumbre genera en casi el total de los docentes del país, es la aplicación del artículo 48 de la Ley del Servicio Profesional Docente.
Derivado de los mandamientos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el artículo 48 estipula: “Cuando en la evaluación a que se refiere este capítulo se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate deberá incorporarse a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso… El personal deberá sujetarse a una segunda evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación inicial. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado deberá reincorporarse a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un término no mayor de doce meses. Quien no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Lo dispuesto en el párrafo anterior será sin perjuicio de las causas de separación del servicio público previstas en otros ordenamientos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo. Los servidores públicos de las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados que incumplan con lo previsto en este capítulo estarán sujetos a las responsabilidades que procedan”; información que se complementa con el artículo octavo transitorio de la ley, que obliga a los interesados a ajustarse al título segundo, capítulo VII de dicha disposición, relativo a la permanencia en el servicio, según publicación del diario El Universal, con fecha 9 de abril de 2013.
Otro motivo de desconcierto magisterial lo representaba la aplicación de la prueba Enlace, que a decir de Emilio Chuayffet, titular de la Secretaría de Educación Pública, en declaraciones a la revista Proceso, ya no se aplicará a partir del 2014, pero dará paso a otros instrumentos de medición designados por el propio Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, para registrar el rendimiento de alumnos y maestros. Más incertidumbre para el sector magisterial, y material extra para la existencia del grupo “organizado” experto en las concertacesiones que tantos beneficios individuales proporciona a los integrantes de su cúpula, vía negociación con los representantes de Gobierno estatal, según se demuestra pos evidencias testimoniales, escritas y manifestadas por trabajadores fidedignos del gremio de los Trabajadores de la Educación.
El magisterio zacatecano se enfrentará, a partir del próximo regreso a clases, a una nueva dosis de perplejidad, que al paso seguramente se irá mitigando, en el entendido que no se cuenta con alguna entidad que se dedique a reproducir la información para enterar de los designios de las nuevas reglas educativas, aparte del desamparo que le brindan sus supuestas representaciones sindicales, la tradicional denominada institucional y la tildada de “independiente”, que ha sabido privilegiar a un selecto grupo de nuevos triunfadores estatales, económica y políticamente hablando.
Ante la incertidumbre, el grupo de los trabajadores de la Educación del estado se prepara, desde hace algunos años, para cumplir las encomiendas de las nuevas normas derivadas de la calidad educativa, en el entendido que no hubo posibilidades de sostener los grandes logros heredados que la lucha histórica conquistó para la posteridad. Ante esta nimiedad, lo más destacable del próximo ciclo escolar es la incondicionalidad con que el docente enfrentará el eterno reto educativo, al que tradicionalmente ha sabido dar la cara, por un desarrollo adecuado al interés de la sociedad.
