El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), José Ignacio Sánchez González, rechazó ayer que existieran alternativas viables a la desincorporación del Hotel Parador y afirmó que propuestas como contratar un crédito bancario o canalizar recursos públicos para cubrir el adeudo del Cobaez no resolverían el problema estructural del instituto.
Señaló que la decisión forma parte de una estrategia basada en estudios actuariales y auditorías que desde hace años recomiendan eliminar negocios deficitarios y fortalecer la reserva técnica del sistema de pensiones.
Respecto a la propuesta del PRI de utilizar al Cobaez para generar liquidez, informó que ese organismo ya cubrió 168 millones de pesos en diciembre, otros 68 millones la semana pasada y que desde junio reanudó el pago de sus aportaciones al instituto.
También rechazó la propuesta de respaldar un crédito bancario con bienes del instituto al considerar que ello implicaría una nueva deuda con intereses. Señaló que, bajo esa lógica, también podría contratarse financiamiento para atender la demanda de préstamos de los cerca de 18 mil derechohabientes burócratas, lo que, afirmó, tampoco resolvería el problema de fondo.
Como ejemplo de la presión financiera del sistema, el funcionario, sin identificarlo, señaló que a uno de los integrantes del Movimiento de Bases, quien aportó, según sus cuentas, alrededor de 645 mil pesos durante su vida laboral y ha cobrado 8.2 millones como pensionado.
Los 315 millones de pesos que el Issstezac adeuda al Gobierno del Estado —que se saldarán mediante la dación en pago del hotel— se originaron, según el director, porque el instituto tuvo que obtener recursos para cumplir sentencias judiciales que obligaban al pago de aguinaldos a pensionados tras diversos juicios promovidos por ese concepto. En ese contexto, reprochó la decisión del exgobernador Miguel Alonso de aumentar de 30 a 60 días el aguinaldo de los jubilados sin fuente de financiamiento permanente.
Asimismo, recordó la venta de 2 mil 300 planes previsores, por un total de 33 millones de pesos durante administraciones priistas, y cuestionó: “¿Dónde está el dinero? […] no dejaron para comprar las cajas de muerto, para prestar el servicio».
Indicó que el instituto llegó a proyectar su descapitalización para 2022, con un déficit actuarial de 51 mil 953 millones de pesos, y argumentó que las reformas impulsadas en 2024 redujeron esa cifra a mil 896 millones y extendieron la viabilidad financiera hasta 2034, antes de que la resolución de la Suprema Corte modificara nuevamente esas proyecciones.
Sánchez González explicó que el Hotel Parador acumuló pérdidas por 66.2 millones de pesos durante 22 años de operación y que, aunque este año incrementó sus ingresos en 44 por ciento y redujo su plantilla laboral, continúa siendo un negocio deficitario.
Añadió que el hotel registra actualmente una ocupación de apenas 7.6 por ciento y explicó que previamente se intentó vender otros inmuebles del instituto, pero no hubo compradores dispuestos a pagar su valor de avalúo.
Sobre los amparos anunciados contra el decreto, Sánchez González sostuvo que una eventual suspensión de la dación en pago perjudicaría a los propios derechohabientes, porque impediría concretar una medida que, según afirmó, busca aliviar las finanzas del instituto. Cuestionó además que quienes reciben pensiones de hasta 110 mil pesos mensuales se presenten como personas “desvalidas” para recurrir al juicio de amparo.
El funcionario cerró la entrevista invitando a revisar los estudios actuariales disponibles en la página del Issstezac y subrayó que la discusión sobre la viabilidad del instituto debe partir de esos datos, no de “corazonadas” ni de lo que calificó como un “pleito de lavadero” en el Congreso.
