En la cuestión de la política de drogas soplan vientos de cambio. En los foros sobre la regulación de la Mariguana, la inmensa mayoría de expertos coincide en la urgente necesidad de cambiar el enfoque con el cual el Estado enfrenta la cuestión de drogas. A pesar de que se programó hablar sólo de cannabis, se han abordado diferentes sustancias. El centro del cambio sería modificar el agotado y catastrófico paradigma prohibicionista, el cual ha generado más problemas de los que ha resuelto. A la luz, claro está, de evaluar las nuevas rutas que han adoptado en Uruguay y en los estados de Colorado y Washington, en la Unión Americana. La exigencia de legalizar la venta y circulación de cannabis no significa estar de acuerdo en su consumo, en respuesta a aquellas voces ingenuas que siguen defendiendo la prohibición aduciendo los daños físicos y morales que provoca su consumo. Lo que se hace al pedir su legalización, es separar las problemáticas del consumo (socio-sanitarias) de las de seguridad. Porque ahora, en abierta paradoja, la prohibición genera espacio social y poder al crimen: la prohibición por sí, construye un espacio para que operen grupos delincuenciales y se dediquen en forma permanente al negocio de las drogas, y con ello a corromper a los gobiernos. Por ello, al eliminar la prohibición, ese espacio social para el crimen es inmediatamente borrado.
El debate ha ido extendiéndose y puede llegar a sentar un antecedente interesante: que una decisión social se ilustre, y posteriormente llegue a obligar al Estado a cambiar de estrategia de gobierno. Es decir, el asunto de la mariguana puede provocar una fuerza de imposición ciudadana en la conformación de política pública. Por ello, será indispensable que el debate corra en los medios masivos de comunicación, en las universidades y en las palestras políticas. En el caso de estas últimas, los candidatos deben definir su postura alrededor del tema y ofrecer argumentos. No sacar la vuelta como hasta ahora lo han hecho, y decir “ya lo veremos luego”, o “que el pueblo decida”. Deben exhibir su postura propia ahora mismo. Y es de vital importancia que eso ocurra porque toca el tema que ha tenido por mucho tiempo la mayor preocupación de los ciudadanos en los últimos años: la seguridad. Porque una vez agotado el tema del cannabis, deberemos pasar a debatir la cocaína, que es la que representa mayores ganancias a los cárteles de la droga.
El paso que ahora se ha dado, donde los expertos están hablando (desde la economía de sustancias prohibidas, hasta higienistas sociales), debe pasar a la democratización del debate. Y después el paso más problemático: el posicionamiento de los legisladores. ¿De qué depende de que los (poco ilustrados) diputados asuman su papel? De que se genere una presión social importante y no vean su popularidad en riesgo por tomar posturas en fuerte querella. Así que si la exigencia del cambio del enfoque en la política de drogas no hace hegemonía, poco realmente se modificará y seguiremos sufriendo las sanguinarias consecuencias del prohibicionismo.
