Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentó, hace unos días, un informe preliminar sobre el estado de la investigación que ha venido realizando en torno de una de las mayores prioridades y compromisos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que constituyó el primer acto de gobierno, con la firma de su primer decreto publicado en el Diario Oficial el 3 de diciembre de 2018, para la creación de la Comisión, cuyo compromiso político, moral, ético y responsabilidad única, es garantizar que se conozca la verdad de lo sucedido, conocer el paradero de los estudiantes, encontrar y procesar a los responsables.
Destacó en primer lugar que los trabajos han sido desarrollados junto con la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, y con el Grupo Independiente de Expertos Internacionales, el GIEI, construyendo una relación de confianza y de colaboración para garantizar el derecho a la verdad que tienen los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, sus familias y la sociedad mexicana, garantizando absoluta transparencia y acceso a la información.
Tambien informó de entrada que el contenido del informe, y todos los anexos, son públicos y se pueden encontrar en la página de la comisión. Advirtió que lo que presentó es un informe de avances de las investigaciones, “estando conscientes de que todavía tenemos un trabajo, una tarea larga por delante. No estamos cerrando la investigación, ésta continuará hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables”.
Refirió que los ejes de trabajo de la comisión se han centrado fundamentalmente en tres áreas: el acopio y procesamiento de la información, la ruptura del pacto de silencio entre los responsables y las labores de búsqueda de los 43 estudiantes, y cerró explicando las siguientes conclusiones preliminares:
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde la salida de la Normal hasta su desaparición y sus acciones, omisiones y participación, permitieron su desaparición y ejecución, así como el homicidio de otras seis personas.
En ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y ‘halcones’ a partir de un mando central y al menos tres células de ‘halcones’ y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del estado.
En ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. Tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición y nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula.
Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531; la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala, y en Santa Teresa; el traslado del autobús EcoTer sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando los retenes establecidos, que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, lo cual era su obligación.
Se confirma que al filo de las 22:45 horas, del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes; la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos; que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Encinas afirmó que existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas señaladas y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes.
La conclusión más general es que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, que se trató de un crimen de Estado.
