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domingo, 4 diciembre, 2022
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■ La polémica en torno al caso continúa sin que sus padres sientan que hayan recibido justicia

Hoy se cumplen ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa

■ En agosto se arrestó a Murillo Karam, encargado de realizar las primeras investigaciones; este 28 de septiembre se realizará una audiencia más para resolver su suspensión definitiva

■ Este sábado se dio a conocer que la FGR canceló, al menos, 21 de 83 órdenes de detención y que el juez accedió a la petición y las dejó sin efecto; entre éstas, las de 16 militares

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Este 26 de septiembre se cumplen ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, acaecida en 2014, durante la noche, en el municipio de Iguala, perteneciente al mismo estado, y hasta el momento la polémica y la actividad, en torno a los presuntos culpables, continúa sin que los padres de los estudiantes desaparecidos sientan que sus hijos han recibido justicia. 

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18 de agosto de 2022

La actividad en torno al caso ha aumentado en intensidad, desde el pasado 18 de agosto, cuando, al presentar un avance preliminar de las indagaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y la Justicia, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que no hay indicios para afirmar que los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014 estén vivos. 

En la conferencia “mañanera” de ese día, Encinas Rodríguez señaló que se trató de “un crimen de Estado” y que la omisión de autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluido el Ejército, impidió que se pudiera evitar la desaparición. “No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, lamentó. 

20 de agosto de 2022

La tarde del 20 de agosto, al historial de indagaciones y detenciones, se le sumó un caso más que cimbró todo lo que se ha construido alrededor de este suceso, toda vez que medios de información y autoridades notificaron la detención del ex procurador general, Jesús Murillo Karam, quien fue arrestado a las afueras de su casa por el delito de “desaparición forzada, tortura y delitos en contra de la administración de justicia”, según la Fiscalía General de la República, convirtiéndose con esto en el más alto ex funcionario detenido por el caso Ayotzinapa.  

Murillo Karam fue el encargado de realizar las primeras investigaciones de la desaparición, mismas que fueron cuestionadas, y emitió órdenes de arresto contra 64 militares y policías presuntamente involucrados en el crimen. Durante su detención, no opuso resistencia y se dio, precisamente, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidiera la verdad y el castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos. 

21 de agosto de 2022

Al día siguiente de la detención del creador de “la verdad histórica”, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia decretó prisión preventiva justificada al ex procurador, ordenándole, por tanto, permanecer en el Reclusorio Norte a la espera de ser o no vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura. La decisión se tomó toda vez que existía la posibilidad de que el ex funcionario evadiera la justicia utilizando la red de conocidos, amigos y familiares que ha construido a lo largo de su carrera profesional, en la cual ocupó altos cargos públicos.

En la audiencia a Murillo Karam se le acusó de ser el autor intelectual de desaparición forzada al haber tolerado e impulsado acciones con la “verdad histórica” y con ello poner fin a cualquier línea de investigación que pudiera llevar al paradero de los normalistas. De igual manera, le señalaron que fue autor material del delito de obstrucción para la procuración de justicia por haber participado en la siembra de evidencia y modificado una escena del delito en el río Cocula.

22 de agosto de 2022

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue notificada oficialmente por la Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos, posiblemente implicados en el caso Ayotzinapa; se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, quienes estuvieron de guardia cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero.

El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo los 20 militares.

En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, quien, según el informe de la Comisión de la Verdad, tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4, a las cuales tenía acceso directo.

La orden de desaparecer
a los 43 normalistas la
dio el A1, quien
presuntamente sería
el ex alcalde de Iguala
y dirigentes del grupo
delictivo Guerreros Unidos

26 de agosto de 2022

El pasado 26 de agosto, en el marco de la conferencia “mañanera”, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) para el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), señaló que la orden de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa la dio el A1, quien presuntamente sería el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y dirigentes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en colusión con otras autoridades de diversos órdenes de gobierno.

En los hechos también habría participado el comandante del 27 batallón del Ejército, con sede en Iguala, José Rodríguez, identificado como El Coronel, quien habría ejecutado a los últimos seis normalistas que estuvieron detenidos en una bodega, varios días después de la noche del 26, y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

29 de agosto de 2022

En su conferencia matutina, López Obrador garantizó que no habrá impunidad para los responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa y para quienes encubrieron los hechos suscitados en septiembre de 2014. 

“El caso de Ayotzinapa es otro de estos casos lamentables, este de abuso de autoridad, de mal gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias. Y se le va a dar continuidad, es un compromiso que hicimos con los padres y con el país, y ya se está actuando […] Lo que nos interesa mucho, mucho, desde luego a los padres, es saber ¿dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos?”.

14 de septiembre de 2022

El pasado 14 de septiembre la indignación se avivó cuando los diferentes medios de comunicación dieron a conocer que el ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, fue absuelto de responsabilidades por el caso Ayotzinapa, toda vez que el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, en Tamaulipas, determinó que no existen evidencias de su plena responsabilidad en el crimen.

Ante ello, el vocero de los padres de familia Melitón Ortega, denunció que la absolución del ex alcalde de Iguala evidencia el grado de corrupción que impera en el Poder Judicial “pero los padres de familia sabemos que él fue el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa […] nosotros no vamos a permitir que Abarca Velázquez y su banda se salgan con la suya, ellos organizaron la desaparición de nuestros hijos”, dijo.

20 de septiembre de 2022

Apenas seis días después de la absolución, por los delitos de presunta delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, se les liberaron nuevas órdenes de aprehensión por el juez segundo de distrito de procesos penales en el Estado de México.

Elementos de la Fiscalía General de la República ejecutaron la orden de aprehensión en los centros penitenciarios en los que se encuentran internos Abarca y su esposa. A ella sólo se le acusa por la comisión del delito de delincuencia organizada.

22 de septiembre de 2022

El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, logró obtener un amparo contra la vinculación a proceso por su presunta participación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; por lo tanto, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, tendrá que esperar para vincularlo a proceso por los presuntos delitos de tortura contra los 43 normalistas. 

La jueza programó para el 28 de septiembre la audiencia en la que se resolverá si le conceden o no la suspensión definitiva a Murillo Karam. Además, admitió a trámite el amparo que su defensa solicitó en contra de la prisión preventiva justificada que le impusieron como medida cautelar. 

23 de septiembre de 2022

Poco después de las 13 horas, estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa empezaron a lanzar bombas caseras a las instalaciones del Campo Militar No. 1 y lograron derribar varios tramos de la reja de la puerta principal. Mientras los jóvenes emprendían acciones contra la instalación castrense, cientos de policías capitalinos permanecieron como primera valla, dentro del campo militar.

25 de septiembre de 2022

Este domingo, el diario El País dio a conocer, en exclusiva, que la FGR canceló, al menos, 21 de las 83 órdenes de detención del caso Ayotzinapa que pidió en agosto y que el juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición y las ha dejado sin efecto. 

Entre las órdenes canceladas están las de 16 militares acusados de delincuencia organizada y casi todos imputados por desaparición forzada. Entre ellos la de Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería cuando sucedió el ataque. 

Las fuentes cercanas a la investigación señalan que la petición de cancelar las órdenes no ha salido de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio (UEILCA), sino que la FGR ha empezado a tomar decisiones sobre las actuaciones previas de la UEILCA y una de las decisiones de la dependencia ha sido pedir la cancelación de estas 21 órdenes de aprehensión, la mayoría contra militares. 

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