La embajada de Estados Unidos en México afirmó ayer que el gobierno de Donald Trump “está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen”, luego de que la justicia estadunidense anunció cargos por terrorismo contra un presunto operador del cártel del Golfo.
La embajada se refirió en redes sociales al anuncio de que presentó cargos contra José Flores-Flores, de 21 años, acusado en Estados Unidos de brindar apoyo material al cártel del Golfo, designado organización terrorista extranjera desde febrero de 2025.
El embajador Ronald Johnson señaló en su cuenta de X que Flores-Flores presuntamente realizó labores de contravigilancia para afectar a fuerzas de seguridad mexicanas, participó en secuestros y desmembró al menos a dos víctimas, y calificó el caso como una muestra de las nuevas herramientas legales derivadas de esa designación.
Según la fiscalía del Distrito Sur de Texas, el acusado admitió haber trabajado como “sicario” del cártel durante un año y enfrenta también un cargo por reingreso ilegal a Estados Unidos. De ser hallado culpable, podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión.
Johnson también comentó el ataque del 30 de agosto en Ojocaliente, Zacatecas, y declaró que fue “un crudo recordatorio de la violencia que las organizaciones terroristas están dispuestas a infligir en nuestras comunidades”. Expresó que sus “pensamientos y oraciones siguen con las personas heridas y las familias afectadas” y subrayó que “continuaremos trabajando con México para enfrentar a estas organizaciones que cometen actos terroristas y a quienes son responsables de ellos”.
Por otra parte, el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri Montaño, se reunió con funcionarios del Departamento de Justicia estadunidense, entre ellos Brian D. Skaret, subprocurador general adjunto en funciones.
En la red social X, Lazzeri Montaño afirmó que la cooperación jurídica es un componente fundamental de la relación bilateral y señaló que ambas partes acordaron agilizar la asistencia jurídica mutua, mejorar el intercambio de información y mantener grupos de trabajo conjuntos.
