En una semana se instalará la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La variable a destacar es que el PRI y sus aliados tendrán más de la mitad de quienes integran la Cámara y podrían, si lo quisieran, asumir el control de los órganos de gobierno y de las comisiones ordinarias y extraordinarias. Si a ello agregamos a los legisladores panistas, firmes creyentes en el dogma neoliberal, se obtiene una cifra superior a los dos tercios necesarios para reformar la Constitución general de la República. Lo anterior significa que el gobierno de Enrique Peña logrará la aprobación de las nuevas reformas que desee y, con mayor facilidad, las leyes secundarias que requiere la puesta en práctica de todas las reformas estructurales ya aprobadas.
Ello significa que si la mayoría de los sectores populares del pueblo de México mantienen su indiferencia y pasividad, la capacidad de resistencia al interior de la Cámara frente al neoliberalismo no será suficiente para detener, mucho menos revertir, las reformas y políticas necesarias para desmantelar hasta el último vestigio de las instituciones encargadas de garantizar los derechos sociales y el bienestar de todos. Ya se anuncian los recortes presupuestales a los sectores educativo y de la salud, y el resultado será una mayor desigualdad social y territorial así como una mayor pobreza, lo que significa que habrá un mejor caldo de cultivo para que prosperen las distintas modalidades de crimen organizado que venimos padeciendo.
Aunque la lógica más elemental indica que los legisladores de los estados y regiones más pobres y marginados deberían hacer causa común para exigir la aprobación de fondos compensatorios para cerrar las brechas de la desigualdad, es poco probable que los integrantes del bloque oficialista decidan oponerse a las iniciativas presidenciales, y menos ahora que todo indica que se han restaurado los elementos fundamentales de la presidencia imperial como pieza clave del sistema político, en el cual las carreras políticas de los políticos oficialistas dependen de la disciplina ante las iniciativas presidenciales. No obstante lo anterior, los legisladores progresistas están obligados a sumar fuerzas para resistir de la mejor manera, y a sincronizar su actuación con los movimientos sociales que se generen.
La nueva correlación de fuerzas también es muy desfavorable para el desempeño de la función de control que la Constitución otorga al Poder Legislativo, debido a la restauración de la cultura de sometimiento de los distintos poderes de la República al titular del Poder Ejecutivo de la unión. La exoneración de los servidores públicos involucrados en el escándalo de la casa blanca que implicó el tráfico de influencias para beneficiar a la constructora Higa, no es más que un ejemplo de lo que vendrá cuando la nueva mayoría impida cualquier intento de instaurar juicio político al presidente y a sus colaboradores. No obstante ello, los legisladores progresistas deberán ejercer su derecho a la crítica y la denuncia, con mayor vigor y energía que nunca. Esperemos que la práctica de la cooptación mediante privilegios económicos no haga estragos en sus filas.
