Ciudad de México. El Senado de la República se alista a convocar la próxima semana a un período extraordinario de sesiones, para discutir las observaciones del presidente Enrique Peña Nieto al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades, una de las siete que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, los coordinadores del PAN y PRD, Fernando Herrera y Miguel Barbosa, lamentaron que el presidente Enrique Peña Nieto sólo haya vetado el artículo 32, por presiones de los empresarios y haya dejado fuera el artículo 29 de esa misma legislación, que eliminó la obligación de los funcionarios, legisladores, jueces y ministros de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, pese a que esto último es un reclamo ciudadano.
Herrera y Barbosa se manifestaron dispuestos a que se convoque de inmediato a un período extraordinario, pero advirtieron que el Congreso puede modificar la redacción del artículo 32, pero no dejar fuera a los empresarios de las obligaciones que impone el Sistema Nacional Anticorrupción a los servidores públicos.
Al respecto, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, sostuvo que “hizo bien” el presidente Enrique Peña Nieto en vetar ese artículo 32, ya que “no se tuvo tiempo de revisar y redactar bien” porque fue aprobado a última hora, la madrugada del jueves pasado.
“Nosotros no lo redactamos”, sostuvo Escudero, en relación a que no estaba incluido en el proyecto de dictamen que presentaron las comisiones dictaminadoras. Consideró que en dos semanas se podría llevar a cabo el período extraordinario en que se discutan las observaciones del ejecutivo a ese artículo de la Ley General de Responsabilidades y 15 más que se relacionan con el tema de los empresarios.
Sostuvo que el problema de la corrupción no se resuelve incluyendo sólo a los servidores públicos y dejando fuera a los empresarios. Estos “tienen que quedar forzosamente, dijo.
El perredista Barbosa insistió en que “fue un error político” de Peña Nieto sólo vetar el artículo 32, que en realidad está mal redactado, porque el PRI, a través del senador de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas, lo presentó con un conjunto de reservas, que se votaron en la madrugada del jueves, sin discusión.
Expuso que esperarán a revisar el documento –que hasta esta noche no había llegado aún al Senado- pero insistirán en que no se elimine la obligación de los empresarios, sobre todo de los que hacen negocios con el gobierno, de presentar sus tres declaraciones.
Sobre el tema, el senador Alejandro Encinas resaltó que deben quedar dentro del sistema de rendición de cuentas los empresarios que han hecho sus fortunas a partir de la privatización de bienes públicos o del otorgamiento de concesiones, que luego los convierten en los hombres más ricos del mundo.
El senador Barbosa comentó que se debe modificar la redacción del 32, sobre todo en su fracción C, donde establece que deberán rendir sus declaraciones 3 de 3, las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos públicos, toda vez que ahí entrarían incluso los becarios del Conacyt.
El coordinador panista, Fernando Herrera, comentó que espera que el veto presidencial “no sea sólo una salida voluntariosa que no venga acompañada de propuestas claras de redacción sobre la forma de abordar el artículo 32”.
