Entre la madrugada del sábado 26 y el domingo 27 próximos, se cumplen ya seis años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su paradero, mucho menos castigo para los responsables de estos lamentables sucesos que tanto lastiman a numerosas familias de aquella región.
Una de las más sentidas promesas del entonces candidato AMLO, ahora Jefe del Ejecutivo de la Unión, fue precisamente la garantía de investigar, para conocer lo qué ocurrió con los estudiantes. Fue por eso que La esperanza y la impotencia de padres de los jóvenes, despertó el entusiasmo por encontrarlos y, conocer cuál fue el motivo de su desaparición. A cambio, y en su afán de pronta solución, en las urnas empeñaron su voto en favor del gobierno de la 4T.
Sin embargo, han transcurrido ya 21 meses del ejercicio del gobierno actual y, ese problema no ha sido resuelto. Únicamente se ofrecen promesas sobre promesas; mesas de trabajo; reuniones con representantes; detención y posterior libertad de “sospechosos” de esos crímenes; solicitud de extradición y orden de aprehensión en contra de presuntos responsables que se encuentran en el extranjero evadiendo la acción de la justicia. Pero sólo eso. De ahí no ha procedido nada más. Parece que este problema se encuentra empantanado, y la negligencia de las autoridades queda en evidencia: que transcurra el tiempo, sin que proceda ninguna actuación en favor de esas familias. Es lo que pasa. Estos sucesos ocurrieron en el segundo año del sexenio de Enrique Peña Nieto y a la fecha, se agudizan los reclamos recurriendo cada vez a la violencia por parte de los ofendidos.
Las personas ya no desean que se les ofrezcan palmaditas ni sonrisas, Quieren ver ya soluciones. No puede ser que vaya transcurriendo el tiempo y, todo permanezca igual.
Qué difícil es imaginar lo que esos padres de familia viven, una agonía tan cruel que se ha prolongado por tanto tiempo, ante un gobierno inmutable. Aunado a esa situación se tiene la pobreza en que se encuentran. Familias que solamente tenían la gran esperanza de que sus hijos adolescentes, estudiaran para maestros con objeto de mejorar la situación familiar. Por eso, los actos vandálicos que han ocurrido por estos días en el Congreso de Chilpancingo y en el edificio del Poder Judicial de aquella ciudad, no se justifican, pero sí son entendibles.
Este crimen de lesa humanidad se debe investigar, pero ya, de inmediato. No debe transcurrir más tiempo, porque tenemos la mala experiencia en nuestro país, de que con el paso de los días, las semanas, los meses, los años se van dejando al margen de la justicia y permanecen impunes.
Un ejemplo.
El 28 de junio de 1995, se cometió crimen artero en el paraje vado de “Aguas Blancas”, perteneciente a Coyuca de Benítez, municipio del estado de Guerrero. Por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, policías fuertemente armados asesinaron de manera vil a 17 humildes e indefensos campesinos. Después, la matanza se “justificó”, señalando que fueron éstos quienes provocaron el enfrentamiento. Como era costumbre por aquel entonces en nuestro país, estos hechos solo mostraban los excesos y abusos de un poder enfermizo y decadente.
Las protestas de la sociedad civil no se hicieron esperar, las condenas múltiples de diversas organizaciones sociales y partidos políticos, fueron de tal intensidad que el gobierno federal, se vio obligado a nombrar, para el caso, un fiscal especial que investigara los hechos con el objeto de que ese crimen, no quedara impune, se nombraron varios, pero no lograron su finalidad, antes bien, el último exoneró de toda responsabilidad a Figueroa.
Un video transmitido por aquel tiempo en el “canal de las estrellas” en un programa de Ricardo Rocha, logró la apreciación en detalle de la alevosía y ventaja con que actuaron los policías contra los campesinos, se determinó cuando menos, la responsabilidad del mandatario estatal, en los hechos sangrientos, lo que trajo como consecuencia, su destitución, disfrazada de “licencia temporal indefinida” para abandonar su cargo.
La sociedad civil, insistió en castigo para Figueroa, no se consideró justa su exoneración. Las protestas se multiplicaron y gracias a ello, fue posible conminar al Presidente Zedillo, para que solicitara la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de realizar una minuciosa investigación de los múltiples homicidios. Esta nueva tarea, estuvo a cargo de los ministros Humberto Román y Juventino Castro y Castro.
Se dijo entonces: el ex gobernador de Guerrero, debe ser castigado conforme a la ley penal. De ninguna manera, sería posible como opinaron muchos, que se siguiera un juicio político. No era procedente porque, este, tiene por objeto la separación del cargo, y él dejó de ser gobernador, por lo que no existía materia en que pudiera sustentarse el procedimiento.
Desde entonces es urgente atender el asunto de “Aguas Blancas”, porque además de un homicidio impune, es un hecho que resta a México autoridad moral en el exterior.
Lo mismo ocurre con Ayotzinapa.
