Como una reforma mágica o una nueva versión de cómo dorarle la píldora a lo mexicanos, eso viene siendo la propuesta o iniciativa de reforma energética presentada por el Gobierno. De aquí hasta que se apruebe o se eche abajo el intento, si es que las muestras de inconformidad de los opositores e inconformes llenan las calles con sus protestas en caso que el rechazo cobre un peso importante, se estará hablando de la posibilidad de cambiar el régimen legal de Pemex y de la CFE. Pues eso y no otra cosa es lo que está a debate: la reforma de los artículos 27 que busca terminar con los monopolios estatales y el 28 de la Constitución, que permita la privatización vía los “contratos de utilidad compartida”.
En el fondo de la reforma, la intención del gobierno y de la derecha esta en la cuestión de convidar de los beneficios de la renta petrolera (diferencias entre los ingresos y gastos-costos, tomando como referencia los precios del mercado), invitando al banquete a las compañías privadas, casual, irónica y paradójicamente algunas son las mismas a las que Tata Lazaro expropió el oro negro para ponerlo al servicio de la nación.
Inspirada y mañosamente haciendo abstracción del tiempo y las circunstancias históricas, según Peña Nieto, su iniciativa retoma la redacción original, “palabra por palabra” que Lázaro Cárdenas hizo a la reforma de 1940 para incluir en el texto del 27 los contratos de riesgo. Reforma que por cierto las empresas privadas a las que se les permitió participar en la producción de petróleo, no respetaron los contratos de exploración y producción.
Para el gobernante en turno, los objetivos y los beneficios que a su vez traerían su iniciativa de reforma se reflejarían según él, en la mejora de la economía de las familias, bajarían los recibos de luz y gas, se producirían fertilizantes a menor precio que pondrían en la mesa de los paisano alimentos más baratos, ocurriría un aumento en la inversión y los empleos (las nuevas empresas que se surgirían crearían medio millón de empleos este sexenio y dos y medio mas para 2025), se reforzará a Pemex y a la CFE, que seguirán siendo 100 por ciento mexicanas y además, se reforzara la rectoría del Estado como propietario del petróleo y el gas. Ni más ni menos. Todo lo anterior a cambio de permitir la inversión de capitales privados por medio de la figura de “contratos de utilidad compartida”, que consisten en que las compañías inviertan en la búsqueda y extracción de petróleo y gas y en la generación de energía eléctrica; entreguen la producción a un organismo del Estado y este les pague con dinero efectivo parte de las utilidades. Cierto lo privados invertirían y arriesgarían su dinero, pero al compartir las ganancias, se llevan parte de la renta petrolera, que podría ser la parte del león.
Sin embargo, el titular del ejecutivo omite la carta que el divisionario de Juiquilpan dirigió a Jesús Reyes Heroles en 1968, en la que le externaba que las compañías privadas al perseguir cuantiosas utilidades al amparo de concesiones y privilegios, buscan conseguir su propósito mediante “estatutos de excepción extraterritorial violatorios de la soberanía” (Reforma, 13 de agosto, 2013).
Que la producción de energía esta en crisis no puede negarse. Los altos volúmenes de importación de gasolinas, robos a ductos y los negocios corruptos de los dueños de expendios, son evidencias inocultables. No admitirlo es incurrir en la practica de la avestruz, que entierra la cabeza olvidando lo que hay a su alrededor. Se debe actuar tomando las mejores medidas en bien del país, buscando que renglones de la economía como las fuentes de energía sigan en manos del Estado, con una sana y transparente administración. Pemex como la CFE requieren modernizarse. La cuestión es de que forma deben hacerlo, si es abriendo las puertas a la privatización y reparto de la renta petrolera o a través de una real rectoría del Estado que considere a estas empresas estratégicas y garantes del bienestar publico al servicio de los mexicanos.
El gobierno, la iniciativa privada y los panistas argumentan que ante la falta del capital para invertir en exploración, producción, refinación, almacenamiento y transporte, se hace necesario a fin de ser competitivos, que las empresas estatales generadoras de energía se abran a la inversión privada.
¿Si esta desarreglada, cómo poner en orden la casa? Para el mexicano común más o menos informado, sin ser un experto en temas energéticos, la supuesta baja productividad de Pemex (estudios la presentan como la segunda mejor empresa petrolera, con todo y la corrupción que la corroe) es una cuestión de aritmética básica: se le deben reducir los impuestos y el monto representado por el mismo porcentaje que se le reduzca a la paraestatal, debe invertirse en modernizar los renglones de su competencia, aumentando el volumen de exploraciones que a su vez aumenten sus reservas y produzca más petróleo crudo, mismo a que debe darle valor agregado, aumentando el volumen de refinación y comercializando mejor los combustibles y sus derivados.
El boquete fiscal que deje Pemex al quitarle menos impuestos debe ser compensado por una real reforma fiscal progresiva que grave mas al capital que al trabajo y al consumo. Si el problema es la falta de capitales y su inversión en la producción energética, también se podría echar mano de las cuantiosas reservas de dólares acumuladas, las que en lugar de subsidiar el déficit presupuestal y la crisis de la economía norteamericanos, podrían invertirse en la reestructuración y modernización de Pemex y de la CFE. Y una tercera medida, el legislativo debe aprobar una ley mediante la cual, recurriendo a su espíritu filantrópico y acendrado patriotismo, parte de las ganancias de los Slim y demás barones del dinero, sean aportadas en calidad de préstamos al gobierno con bajos réditos para hacer de las empresas energéticas fuentes del progreso y bienestar.
Estas y otras acciones que apunten hacia una verdadera reforma estructural, sin omitir la corrupción de los sindicatos y los aparatos administrativos que deben corregirse, nos permitirían decir con orgullo que Pemex es nuestro y el petróleo de los mexicanos, accediendo a una energía más limpia y más barata. ■
