Los hechos ocurridos este fin de semana en en diversos municipios de Zacatecas, donde diez personas fueron privadas de la vida, representan un golpe profundo para la sociedad y obligan a una reflexión que vaya más allá de la indignación inmediata. La exigencia principal debe ser una sola: verdad y justicia, sin importar a quién incomoden los resultados de las investigaciones.
Sería mezquino utilizar esta tragedia para negar la reducción de los homicidios dolosos que ha registrado el estado. Ese avance existe y debe reconocerse. Pero sería todavía más irresponsable convertir esa estadística en un argumento para ignorar otras formas de violencia que han echado raíces: el cobro de piso, la extorsión, la imposición de cuotas y el dominio criminal sobre actividades económicas tan diversas como la distribución de cerveza y cigarros, el transporte, la agricultura o la ganadería. Son delitos denunciados desde hace años y, sin embargo, permanecen como parte de la vida cotidiana de miles de zacatecanos.
Las investigaciones sobre este multihomicidio deberán responder una pregunta incómoda: ¿quiénes se benefician de esos mecanismos de control? El perfil de varias de las víctimas obliga también a mirar hacia la industria minera. Durante décadas, la riqueza extraída del subsuelo zacatecano ha generado utilidades extraordinarias para grandes corporaciones, mientras las comunidades cargan con los costos sociales y ambientales. Ese modelo ha estado acompañado de conflictos laborales, denuncias por prácticas antisindicales y una compleja red de proveedores y contratistas que hoy tampoco pueden quedar fuera del escrutinio de la autoridad. Investigar no significa condenar anticipadamente, pero sí negarse a aceptar zonas de intocable opacidad.
Hay otra hipótesis que tampoco puede ser desechada por razones políticas: la corrupción institucional. Allí donde el crimen organizado logra planear, vigilar, secuestrar, trasladar y asesinar con semejante nivel de coordinación, resulta legítimo preguntarse si hubo omisiones, filtraciones o complicidades desde el aparato público. Si existen servidores públicos involucrados, por acción u omisión, la sociedad tiene derecho a conocerlo y que estos sean castigados.
La peor respuesta sería la prisa por construir una verdad conveniente. Las víctimas, sus familias y la sociedad no necesitan relatos tranquilizadores; necesitan justicia. Y la justicia solo puede edificarse sobre una investigación independiente, científica y exhaustiva, capaz de seguir todas las líneas de investigación, incluso aquellas que toquen intereses económicos o políticos de gran calado.
Zacatecas ha pagado un costo demasiado alto para conformarse con explicaciones parciales. La verdad puede ser dolorosa. Puede incomodar a gobiernos, empresas o instituciones. Pero ocultarla sería permitir que la violencia siga administrando el miedo desde las sombras.
