Hace más de tres años, el 22 de marzo de 2012, ante la LX Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a la que pertenecimos en su momento, hicimos una propuesta de Iniciativa de Decreto de reformas al Código Penal del Estado de Zacatecas a fin de penalizar las falsas declaraciones de servidores públicos ante el Poder Legislativo del Estado como un delito.
Para ello, propusimos reformar el artículo 193, contenido en el primer capítulo del título octavo de dicho código, que se refiere a los delitos cometidos por servidores públicos, y al ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, a fin de que se aplique de este modo la ley a los funcionarios que mientan cuando comparezcan ante los diputados.
En aquel entonces, en nuestra investidura como legisladores, proponíamos se castigara con cárcel de dos a cinco años, destitución del cargo ejercido y una multa de doscientas a quinientas cuotas de salario mínimo vigentes en el Estado a quienes mintieran a los diputados en una comparecencia.
Tres años después, la necesidad de que se castigue a los mentirosos sigue más que nunca vigente. En las cinco sesiones de la mal entendida y peor llamada “Glosa”, los Zacatecanos solo pudimos presenciar una pasarela de funcionarios preparados y peinados para la foto, sin nada para análisis alguno, más allá de los discursos políticos y las autoalabanzas, al régimen y a Miguel, no había contenido significativo, solo fue un circo.
Lo que sí es histórico, es que Zacatecas ya es un referente nacional, pero en niveles de endeudamiento y de corrupción, deuda que a estas alturas ya rebasa los 11 mil millones de pesos, y si se concretan las intenciones del régimen, puede alcanzar más de 15 mil millones en pocas semanas, algunos señalamientos aseguran que esta puede alcanzar un nivel superior a los 21 mil millones, algo totalmente fuera de contexto de la realidad Zacatecana.
Otro señalamiento sin respuesta fue lo referente a la ejecución de la obra pública, como ejemplifica el caso que señaló la Diputada Soledad Luevano, 30 contratos de obra pública, todos para mantenimiento de carreteras en diferentes municipios con un costo idéntico, todas son reconstrucción de carretera de 3.5 kilómetros, todas adjudicaciones directas, todos los contratos se firmaron el 30 de diciembre, todas y cada una costaron exactamente, con pesos y centavos: $2´450,980.39, y ninguna de las 30 empresas contratadas, contaba con maquinaria para realizar este tipo de trabajos, a todas luces atípico y fraudulento. ¿O no?
Los indicios disponibles revelan que esto se ejecutó por personal, materiales y maquinaria de Gobierno, no por contratista alguno. En conjunto, hay una erogación aquí de 74 millones de pesos que quedan en el aire, ¿alguien explicó esto?
Y aunque datos y cifras de organismos gubernamentales y privados muestran que Zacatecas es un estado donde campea por sus reales la corrupción, hay una impunidad casi absoluta, y en instancias como la de la función pública, en estos cinco años de gobierno, solo se vio más de lo mismo, prácticamente nadie del régimen bajo la lupa, menos bajo proceso, y lo peor, funcionarios mienten en la pseudo glosa, abiertamente y sin el menor sonrojo.
Esto a pesar del clamor popular en casos como los del Casino de la Feria, el parque ecológico pomposamente llamado Bicentenario, el Foro al Aire libre en el Cerro de las Bolsas y ahora la Alameda Trinidad García de la Cadena y la Plaza de Armas”, en la capital, entre otras obras más en todo el estado, inversiones de un costo altísimo, de alrededor de mil millones de pesos en su conjunto, rodeadas de dudas en los costos y asignaciones y sin justificación real para su ejecución, ¿habrá alguna investigación abierta por el régimen a Juan Alonso, hermano de Miguel, por su manejo de la obra pública y señalamientos de cobro de diezmo a constructores? ¿Qué dice Guillermo Huizar?
Zacatecas no está mejor en cuestión de seguridad como se han atrevido a asegurar funcionarios, y el mismo Miguel Alonso, Las ejecuciones en todo el territorio Zacatecano son endémicas, casos como el del Ex subprocurador Francisco Javier Martínez Gallo, en Fresnillo, los eventos de enfrentamientos armados son cosa cotidiana, si alguien asegura que se está mejor, miente, la realidad grita tan fuerte que no permite escuchar lo que dicen los funcionarios y miguel.
La glosa, y todo el ritual del Informe, como fue restaurado por este régimen, como se realizó, es solo una simulación, una evasión a la rendición de cuentas al pueblo y sus representantes, y el que Diputados, quienes deberían fungir como los representantes de la sociedad, se presten, es una vergüenza, una farsa que enloda al congreso, diputados que se prestan, ya carentes de calidad moral, se apartan del pueblo y se constituyen como simples empleados de Alonso Reyes, se pierde el espíritu de rendición de cuentas.
En lo que respecta en su participación frente al congreso, quien mienta, debe ser juzgado y penalizado, no es posible que a estas alturas lo que debiera ser un ejercicio republicano, un análisis de un informe, que tampoco se realiza, se convierta en una simulación. Es indigno y humillante que los representantes populares, los diputados permitan eso.
Por eso, desde hace más de tres años, propusimos que quien lo haga, pague las consecuencias, que sea destituido, juzgado, pueda pisar cárcel y deba pagar multas, quien miente a la legislatura, como estamos viendo que hacen ahora funcionarios, está cometiendo un delito, se convierte en delincuente. ■
