■ Ayuntamiento retiene recursos que minera otorga a vecinos por afectaciones en sus casas
■ Según autoridades, el dinero sería utilizado para la construcción de un domo en la comunidad
Las paredes que enmarcan las puertas de las habitaciones tienen profundas grietas. Son las huellas que la vibración de los camiones de 70 toneladas, cargados de mineral, ha ido marcando con el paso de los años.
Ambrosio Aldaba Hernández las señala con preocupación, mientras asegura que el dinero que han logrado para repararlas es necesario para que él y su familia puedan habitar con seguridad en su propio hogar.
Las reparaciones con masa para rellenar las resquebrajaduras abiertas pueblan las fachadas de las casas y tiendas que bordean la calle principal de la comunidad de San Martín, en el municipio de Francisco R. Murguía.
Los vehículos de carga que causaron estos daños son los de la mina La Perlita, que se encuentra a varios kilómetros del pueblo y que tienen que atravesar el centro de la comunidad para transportar el material extraído del subsuelo.
Armando Macías, uno de los vecinos de esta población, explica que estas afectaciones encontraron solución hace seis años, cuando gestionaron con el dueño de la explotación el pago de 2 mil pesos mensuales para las necesidades de los habitantes de San Martín.
Además, dice, desde el mes de julio del año pasado estos apoyos se incrementaron con otros 2 mil pesos al mes exclusivamente para las personas que viven en la casas colindantes con la vialidad principal y que son las que han sufrido los daños.
Este último monto por tanto resulta indispensable, como apunta Ambrosio, para mantener en buenas condiciones sus viviendas. No obstante, es un dinero que, desde abril, el delegado municipal, Humberto Botello Macías, respaldado por la inacción del ayuntamiento, les retiene con el argumento de cubrir el pago de un domo construido en la comunidad a través del programa 3×1.
Beneficiarios, obligados a cubrir aportación municipal
Los habitantes de San Martín que consiguieron el recurso de la mina para arreglar sus viviendas y que ahora no pueden usarlo debido a la exigencia de aportar ese dinero a la obra del programa 3×1, no son los únicos afectados por este hecho en el municipio de Francisco R. Murguía.
El regidor del ayuntamiento José Macías Rivas, quien le ha dado seguimiento al caso de esta población, califica como “despojo de un recurso que gestionaron” los vecinos, por parte del gobierno municipal y señala que hay otros casos en los que también la autoridad municipal ha solicitado aportaciones económicas a los beneficiarios del programa 3×1 para cubrir el porcentaje de presupuesto que debería dar el ayuntamiento.
De acuerdo con las reglas de operación de este programa para el año 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2014, 25 por ciento de estos recursos son aportados por Gobierno Federal, otro porcentaje similar es responsabilidad de los clubes u organizaciones de migrantes y 50 por ciento restante corresponde a las entidades federativas y municipios.
Con la intención, precisamente, de cubrir el 25 por ciento que tiene que dar el ayuntamiento para cada proyecto del programa 3×1 es por lo que se les está pidiendo a los beneficiarios de las obras entre 10 y 15 por ciento del recurso total, explica el regidor. En esta situación, nombra las comunidades de San José y El Potrero.
En cuanto al conflicto de San Martín, Macías Rivas expone que las autoridades “en todo momento que tienen oportunidad hablan con el delegado municipal para que les hagan, directamente a una cuenta que no nos dicen qué cuenta es, las aportaciones, y la retención del dinero se va a las arcas del municipio pero no explican qué se está haciendo con ese dinero”.
Por su parte el contralor del ayuntamiento, Adalberto de Jesús Segovia Dévora, reitera que “las reglas de operación no mencionan que los beneficiarios deban de aportar” y advierte que no se ha podido iniciar un proceso de revisión ya que, para ello, se necesitan testigos o denunciantes.
Sin embargo, “comúnmente las personas tienen miedo a dar su testimonio por miedo a que tomen represalias contra ellos, evitándoles programas, apoyos. Precisamente eso es lo que nos limita”, concluye.
Retienen dinero sin autorización
Armando Macías, vecino de San Martín, cuenta que hace 18 años empezó el tránsito de los camiones de alto tonelaje por sus calles, pero fue hasta pasados los 12 años, al ser designado como comisariado ejidal, cuando se acordó el pago mensual por parte del empresario minero.
“Él nos propuso 2 mil pesos por mes a la comunidad y aceptamos, no le pedimos más, a condición también de que nos ayudara a revestir, por lo menos en esa ocasión, la calle”, recuerda.
Para las casas dañadas no hubo apoyo fijo desde el inicio, sino que se comprometieron a informar de los desperfectos en las viviendas cuando fuera necesario para que el dueño de La Perlita les otorgara una cantidad de recursos para llevar a cabo los arreglos.
A los 4 años de estar ahorrando el dinero, se realizó una junta en la que su propuesta fue la de entregar la parte de recursos que le correspondía a cada uno de los habitantes, a fin de que pudieran invertirlo en lo que más requirieran en ese momento. Otros pobladores, “unos 6 u 8”, apunta, insistieron en que se destinara a obras.
La desconfianza en cuanto a la aplicación del presupuesto en acciones de construcción fue argumentada por Armando para rechazar este planteamiento: “Tenemos la experiencia de que hay un dinero acumulado a la comunidad o al ejido, usan el pretexto de las obras y el dinero desaparece, no se concluye la obra o ni siquiera se inicia y el dinero ya no está”.
Al no haber un acuerdo, se fijó una nueva asamblea en la que estuvo presente la síndico municipal, Jessica Esparza. En este encuentro, la minera decidió dar otra cantidad adicional de 2 mil pesos mensuales para los vecinos de la calle, afectados por los camiones de carga y, con la presencia de la funcionaria municipal, se conformó el “comité de la calle” que sería el encargado de administrar estos nuevos recursos.
Bajo este esquema estuvieron recibiendo el dinero , explica Armando, desde julio del año pasado hasta hace poco más de dos meses cuando, al ir por el recurso de marzo con el delegado municipal, éste les informó que se trataba de la última mensualidad que iban a recibir.
Los siguientes meses, les indicó, se retendría el monto de 2 mil pesos destinado al arreglo de las viviendas para que fuera la aportación obligatoria que la comunidad tenía que hacer para la construcción de un domo.
Un domo que, de acuerdo con lo que aseguraron varios de los habitantes del lugar, fue un compromiso de campaña del actual alcalde Manuel Benigno Gallardo, quien aseguró que iba a tratarse de una obra gratuita para los pobladores de San Martín.
“Nos están ofendiendo porque hicimos una lucha y se llegó a un acuerdo (con la mina) y dando el visto bueno una autoridad de la presidencia municipal”, dice Armando y agrega que, después de acudir al ayuntamiento para exponer la situación, “la síndico nos trató de egoístas porque decía que era una obra muy buena la del domo y nosotros no queríamos aceptar hacer entrega de ese dinero”.
Actualmente hay una denuncia interpuesta ante la agencia del Ministerio Público, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ), ubicada en Río Grande en contra del delegado municipal, Humberto Botello Macías, y de quien resulte responsable por los delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y los que se deriven de la investigación.
Sin embargo, casi dos semanas después de levantar la demanda, aún no han sido citados por el MP para continuar con el procedimiento. Asimismo, hasta que no se encuentre una solución al conflicto, subraya Armando, el comité de la calle pidió a la mina La Perlita que dejara de hacer los pagos mensuales para evitar su desvío al ayuntamiento, por lo que a la fecha no han podido subsanar las grietas en muchas de las viviendas.
Tanto el delegado municipal como el alcalde y la síndico del ayuntamiento fueron buscados para obtener su versión ante las acusaciones de los pobladores de San Martín y del regidor. Aunque en el caso de la funcionaria Jessica Esparza hubo un compromiso para dar una declaración, finalmente no se obtuvo su respuesta.
