El Plan Estatal de Desarrollo (PED) es la herramienta fundamental de planeación de una administración local, se trata de la brújula que deberá guiar la acción de gobierno hasta que finalice su período. Es el documento rector de las políticas públicas, aquel que define las prioridades y los márgenes a partir de los cuales deben conducirse las instituciones de la administración local y establece el rumbo del presupuesto.
Hace unos días el Gobierno del Estado lanzó una convocatoria a la sociedad zacatecana para participar en la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. En ella se establece que el PED tendrá cuatro ejes: Gobierno abierto y de resultados; Seguridad humana; Competitividad y prosperidad; y Medio ambiente y desarrollo territorial. Además, contará con cuatro enfoques transversales: Derechos Humanos; Estado de derecho; Objetivos de Desarrollo Sostenible; Transversalización de la perspectiva de género.
En este texto me gustaría comentar sobre dos de los enfoques transversales que tendrá el PED: Derechos Humanos y Transversalización de la perspectiva de género (mismos que están profudamente ligados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible). En relación a estos temas es importante destacar que el marco normativo nacional y estatal en materia de derechos humanos e igualdad de género es amplio, robusto y contiene obligaciones específicas para las autoridades en torno a la política pública. Además, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, se reconocen también los derechos señalados en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano forma parte (la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que son más de 200).
Plantear un PED con cuatro enfoques transversales es, al menos metodológicamente, complejo. No basta con añadir apartados al final de cada uno de los ejes con líneas de acción transversales. Sobre el enfoque de derechos humanos es relevante mencionar que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (mismo texto que podemos encontrar en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, toda vez que ésta se encuentra armonizada) establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Bajo este paradigma constitucional, todas las políticas públicas deben estar dirigidas a garantizar un derecho humano (en su conjunto toda la acción gubernamental permitiría cumplir idealmente con los cuatro principios arriba señalados), pero por sencillo que parezca logarlo es una tarea compleja en materia de planeación. Los resultados están a la vista, tenemos políticas que discriminan profudamente limitando el acceso a los bienes y servicios públicos por parte de grupos de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Entonces, lograr el ejercio pleno de los derechos humanos a través de las políticas públicas implica una transformación de la estructura gubernamental, pues resulta difícil pensar que la misma estructura orgánica de la administración pública, que opera bajo inercias programáticas, dará resultados distintos en materia de derechos humanos y no discriminación.
Un primer paso, fundamental desde mi punto de vista, es el diagnostico a partir del cual se identifican las prioridades que tendrá la actual administración. Para logar la implmentación de los enfoques transversales, el diagnóstico debe partir del reconocimiento de que las políticas públicas que se han implementado en Zacatecas han generado desigualdades. Esas brechas en ocasiones, muy frecuentemente, se ven agravadas por el simple hecho de ser mujer. Se puede ser pobre, y al ser mujer la vulnerabilidad es mayor. Se puede ser persona con discapacidad, y al ser niña las capacidades de desarrollo dismunyen. Es ahí donde la perspectiva de género nos da la oportunidad de diseñar intervenciones gubernametales que, considerando las cuestiones de género, permitan garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación.
No se trata de un ejercicio sencillo, se requieren de capacidades institucionales, metodológicas y humanas para lograr la transformación de la acción pública. Lamentablemente, considero que ni la forma como se organiza el gobierno, ni los procesos de diseño, programación y presupuesto de la política pública en Zacatecas son suficientes para asumir este reto. Hay muchos pendientes en esta materia.
Sin duda, la construcción del PED es la mejor oportunidad para iniciar la tranformación que se requiere con el objeto de lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos en nuestro estado. En unos meses conoceremos el resultado de los foros de consulta que están en proceso y posteriormente vendrá la construcción de los programas que deriven del PED. Por lo pronto, como es normal al inicio de cada periodo gubernamental, el ejercio 2017 ya se está planeando bajo la inercia de la admisnitración anterior. Romper esas inercias, en realidad, será el gran reto en la implementación de la política pública en Zacatecas. ■
*Politólogo y maestro en sociología política
