■ Reglas se incluirían próximamente en Sistema Anticorrupción
En estos momentos no existe alguna legislación que imponga sanciones a los servidores públicos que mientan, omitan, oculten, maquillen o trastoquen de cualquier forma los datos sobre su patrimonio en las declaraciones que publican a través de la plataforma ciudadana 3 de 3.
El especialista en rendición de cuentas, Carlos Eduardo Torres Muñoz, explicó que esta reglamentación se estará incluyendo próximamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que pueda haber consecuencias jurídicas si se encuentran inconsistencias en estos documentos, en concreto en los enfocados al patrimonio y a los posibles conflictos de intereses.
En este sentido, precisó que “no tiene ninguna acción política e incluso cuando él hace este ejercicio o cualquier otro funcionario que lo haya hecho antes de la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción lo hizo sólo como un acto de voluntad, voluntario, que no tiene todavía vínculo con una normatividad”.
Añadió que cuando estas reglas sean aprobadas no podrán implementarse en casos pasados debido a que no se puede aplicar la ley con retroactividad. Por tanto, respecto al caso del alcalde electo de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, las inconsistencias encontradas, aun si se llegara a considerar necesario, ya no podrán ser sancionadas.
Torres Muñoz sostuvo, además, que inclusive no existen todavía instrumentos para poder dar seguimiento a casos de este tipo y aún está por conformarse el comité ciudadano que definirá los formatos para la presentación de las declaraciones del 3 de 3.
Puntualizó que la manera en la que se ha estado presentando esta información hasta ahora cambiará para estandarizarse con los reglamentos de las nuevas leyes.
Pero mientras se esperan estos avances normativos, insistió, en las declaraciones 3 de 3 “no estamos ante una legislación u obligación jurídica, sino ante un acto voluntario para presentarlas”.
Además dijo que la sanción que tendría que imponerse en estos casos de inconsistencias en el patrimonio o los conflictos de intereses que declaren los funcionarios debería ser administrativa. Consideró que prever sanciones penales en este ámbito sería exagerado debido a que la intención de exigir la presentación de estas declaraciones es solamente preventiva.
En torno al caso de Enrique Flores Mendoza, Torres Muñoz indicó que podría suponerse que las inconsistencias halladas se derivaron de “un descuido” por parte del equipo que elaboró la declaración Tres de Tres del alcalde electo cuando era candidato.
“Quiero suponer que fue un descuido porque finalmente si ya vas a presentar una declaración, si lo estás haciendo de manera voluntaria y lo que quieres es prevenir sospechas a futuro, lo idóneo es que presentes todo lo que tienes. Si omites, luego los bienes que adquiriste legítimamente se pueden malinterpretar”, apuntó.
