¿Por qué en las leyes de participación ciudadana se excluye el tema hacendario de las consultas? La causa parece ser muy simple: la racionalidad utilitaria dice que los individuos en general tienden a adoptar conductas donde maximizan sus ventajas y disminuyen los costos. Es decir, según este modelo de comportamiento racional la mayoría de los individuos orientarían sus decisiones en el sentido de exigir servicios públicos y no pagar impuestos. Esto es, la teoría del comportamiento colectivo en la que basa sus decisiones la economía del sector público dice que la tendencia racional de los ciudadanos será pagar los menos impuestos posibles y exigir el máximo de servicios públicos. Por esta razón se excluyen los temas hacendarios de las consultas ciudadanas.
Así las cosas, si la decisión de cómo cobrar impuestos no puede ser mediante instrumentos democráticos de votaciones universales, ¿sobre qué base se toman esas decisiones? Sobre la base de criterios indirectos. Un modelo de desarrollo genera una serie de criterios de justicia, las cuales se aplican a la distribución y redistribución de recursos públicos: justo las claves para decidir el cobro de impuestos. Así, un gobierno liberal pero igualitario, encontrará fórmulas impositivas donde los ciudadanos de más ingresos paguen más impuestos y aquellos que reciben pocas ganancias, lo hagan con menos; y en el gasto, al revés. De tal manera que al final de cuentas se tenga una distribución equitativa: proporcional. En el mundo neoliberal, los criterios son contra-equitativos o contra-igualitarios. Ya que el neoliberalismo piensa que la igualdad es contraria a la libertad, y por tanto es injusta. Por eso, en los gobiernos neoliberales las sociedades crecen en desigualdad.
Por lo que llevamos dicho, todos tenemos la tendencia de no pagar impuestos, pero además también opinamos según dónde nos toque pagarlos: si somos un empresario rico haremos ácida crítica a los ‘populistas’ que quieren cobrar de forma progresiva los impuestos; y si somos jornaleros es natural que señalemos cómo los ricos no pagan y los asalariados estemos cautivos depositando el 30 por ciento de nuestros ingresos. En suma, si elegimos un criterio de justicia donde se privilegie la equidad, exigiremos al Estado que cobre de forma progresiva los impuestos. Para que de esa manera haya recursos para financiar la educación de todos los niños, el servicio de salud que nos atiende sin mayor costo, se construyan carreteras, pongan luminarias tan necesarias para la seguridad, existan cuerpos de seguridad que vigilen las colonias, becas para los jóvenes y un amplio etcétera de servicios comunes que hasta la temperatura del planeta agradece. Aunque también hay gastos públicos que se usan para rescatar bancos y darle sus lujos a las zonas residenciales. Lo que es muy claro es que los impuestos son la sangre con la cual funciona el Estado y, con eso, se financian todos los servicios de todos. Y a más servicios públicos de calidad mejores condiciones para el desarrollo humano. Si la autoridad da garantías de que no hay fugas o robos de los caudales, la ciudadanía tendrá menos resistencia del pago de impuestos. Si la población cree que hay corrupción, la resistencia al pago de impuestos será el máximo posible. Así: si la autoridad estatal garantiza uso efectivo del ingreso, los ciudadanos tendrán poca resistencia al pago justo de impuestos.
