San Cristóbal de Las Casas, Chis. Los cerca de 400 indígenas que desde el 5 de mayo pasado se desplazaron a causa de un conflicto interno en la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo (OCEZ CP) del municipio de Venustinao Carranza, instalaron un plantón en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, frente al palacio de gobierno, con el fin de exigir garantías de seguridad para retornar.
Natividad Vázquez Vázquez, vocero de los campesinos, advirtió que si las autoridades estatales no les dan garantías para regresar, lo harán de manera unilateral “pase lo que pase, aunque nos maten, porque ya estamos cansados de estar fuera de nuestro pueblo”.
Recordó que los cerca de 400 indígenas abandonaron Venustiano Carranza el 5 de mayo, cuando dos de sus compañeros fueron asesinados a balazos y 27 casas y 16 vehículos quemados o dañados por la disputa del poder interno en la OCEZ CP.
Los campesinos estaban albergados en las instalaciones de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, pero ayer acordaron instalarse en el parque central de la capital chiapaneca para exigir garantías de seguridad para retornar y para que les paguen los daños ocasionados a sus bienes por el grupo contrario.
Vázquez Vázquez dijo que su molestia se incrementó debido a que las autoridades estatales se habían comprometido a que el pasado viernes se realizaría el recuento de los daños, pero la comisión de diez indígenas que iba acompañada por agentes del Ministerio Público, funcionarios estatales y policías “salió corriendo porque se juntaron los agresores, taparon el camino, tiraron piedras y no los dejaron hacer su trabajo”.
En entrevista, insistió: “ Estamos exigiendo que se haga justicia y castigue a los criminales que asesinaron a dos de nuestros compañeros el 5 de mayo y quemaron nuestras casas y vehículos y destruyeron nuestras pertenencias”.
Aseguró que el gobierno “tiene identificados a los principales líderes responsables, pero sólo a detenido a nueve integrantes de la OCEZ Casa del Pueblo y quedan entre 40 y 50 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar”.
Señaló que el 5 de mayo al abandonar su pueblo, las autoridades les pidieron que les dieron diez días para castigar a los agresores y retornaran, pero “ya pasaron 40 días y no han cumplido la minuta que se firmó”.
