■ Efectivamente, abrí prepas; la Federación determinó la cobertura universal en bachillerato
■ “No estoy preocupado porque “mi conciencia y mis acciones fueron muy transparentes”
■ Afirma que no está inquieto por la demanda penal que interpusieron algunos profesores
El recurso que se le retuvo a los docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y que no fue enterado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre 2008 y 2012, se utilizó en el pago de prestaciones no contempladas en el presupuesto, en el aumento de la cobertura educativa y en impuestos de Hacienda, informó el ex rector Francisco Javier Domínguez Garay.
“¿Dónde está ese dinero que yo no enteré a la Seguridad Social? En los bolsillos de ellos (los profesores), en esas cláusulas que no tienen soporte financiero y que a pesar de eso las pagamos. Los maestros tienen el derecho de demandar a quien crean que tienen que demandar, y si esto es un delito lo asumiremos. Jamás ocultaré que hice eso por beneficio y estabilidad de la institución”, puntualizó.
Precisó que el recurso de la Seguridad Social no fue utilizado en abrir programas no planificados, sino en proyectos académicos que en su momento “fui capaz de traer recursos frescos cada año al haber una política en ese sexenio y en mi cuatrienio que era incrementar la cobertura. Incluso había programas extraordinarios que cubrían el aumento de cobertura”.
En ese sentido, señaló que mientras fue rector, se le facilitó la negociación con la Federación debido a que pagó a la Secretaría de Hacienda con puntualidad, de forma que “lo que yo le daba a Hacienda, al ratito se los pedía de regreso”. Es decir, “hubo respaldo para proyectos específicos”.
“Efectivamente, abrí prepas, pero tenía una razón para hacerlo: el Gobierno Federal determinó en ese momento cobertura universal en bachillerato, y entonces yo entré en esas políticas y para eso había dinero extraordinario. Que esos programas no se hayan mantenido no es culpa de Domínguez, sino del Gobierno Federal”, agregó.
Respecto a la demanda penal que interpusieron algunos profesores, entre ellos Mariana Terán, Edgar Hurtado y Marcelo Sada, aseguró no estar preocupado porque “mi conciencia y mis acciones fueron muy transparentes. Yo no robé nada a la Universidad, ni hice mal uso del recurso, solamente traté de invertir muchas cosas en beneficio de la juventud y en el respaldo hacia los profesores y los trabajadores”.
Aunque admitió que ello lo hizo en perjuicio de la Seguridad Social, señaló que esa también es una responsabilidad del Estado. Es decir, el Gobierno Federal tiene el compromiso de proveer de los recursos necesarios para que las universidades atiendan esa y otras necesidades.
“Es como en una casa. Si no se completa para todas las necesidades habrá que cortar alguna, al vestido, a la diversión, a la educación, a la comida, a algo, y en mi gestión yo decidí recortar a la Seguridad Social. Mis razones tenía”.
Desde su punto de vista, los problemas financieros de la Universidad no existirían si el Gobierno Federal asignara el subsidio suficiente, pero entonces “uno tiene qué hacer malabares para que sobreviva esta institución”.
Domínguez Garay comentó además que desde que se interpuso la denuncia, hasta ahora, “jamás nadie me ha llamado ni me ha molestado por eso, pero no tengo ninguna preocupación porque estoy convencido que no hice mal uso del recurso”.
En su opinión, el problema es que “hay universitarios que no han entendido cuál es la situación de fondo de la Universidad y piensan que el problema de la falta de recursos económicos es culpa de algunas autoridades universitarias y en razón de eso quieren culpar a alguien, cuando yo puedo asegurar que los enemigos de la Universidad no están dentro de la UAZ”.
Reiteró que, en efecto, utilizó el recurso de la Seguridad Social para pagar otros rubros, pero ante la falta de subsidio, el rector debe tomar decisiones para cumplir con los compromisos contractuales.
Recordó que en la historia de la UAZ, los gobiernos Federal y estatal nunca han asignado el subsidio suficiente para que la institución realice sus funciones, motivo por el cual el recurso de la Seguridad Social se destinó a cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo que no tienen soporte financiero, entre ellas la jubilación dinámica.
Ante esa situación, Domínguez Garay reiteró que “en mi gestión como rector tomé una decisión y la asumo: decidí pagar a Hacienda, pagar a los trabajadores universitarios y no pagar al ISSSTE. Esa decisión me llevó a no deberle un cinco a Hacienda y a los trabajadores jamás les pagué tarde ninguna de su salario y prestaciones, tan es así que no hubo ninguna huelga”.
