■ “Todos somos víctimas”, señala asesora de la organización Con tu voz no más silencio
■ Fondo resarcitorio para víctimas del delito para el próximo año se propone en 4 mdp, dijo
En su expresión más amplia, se define a la víctima como toda aquella persona que ha sido violentada en su integridad física, psicológica y bienes de manera directa, indirecta o comunitaria, esta última, puede ejemplificarse con el reciente caso de los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, que han sido ya calificados como de lesa humanidad. En este sentido, resume Aida Montserrat Garza López, psicóloga y criminóloga, asesora de la organización de la sociedad civil Con tu voz no más silencio: “todos somos víctimas”.
La docente de la Universidad Autónoma de Durango, agrega que por cuestiones de carácter biológico y sociológico, nadie quiere tener este papel y más bien opta por el de victimario, por lo que al carácter de víctima no se le ha dado la importancia o atención debidas.
El fenómeno dice, ha sido ya rebasado, y señala, las víctimas, no habían sido “tan victimizadas” esto es, con tan altos grados de sadismo como ahora ocurre, lo que indica que el trabajo institucional y normativo no han sido “aterrizados”.
“Un pueblo, una nación que no confía en sus instituciones, que no confía en los marcos legales que le rigen, desafortunadamente tiene a volverse caótico”, dijo.
En México, luego de iniciada la guerra contra el crimen organizado por Felipe Calderón, fueron las propias víctimas de los delitos que ya se cuentan por decenas de miles, quienes se organizaron para reclamar un papel fundamental en la búsqueda por la verdad histórica de los casos, la justicia y la reparación integral del daño.
Este papel protagónico de la sociedad civil organizada sigue siendo fundamental ahora para el caso de la concreción e implementación de las leyes estatales en la materia, coinciden los entrevistados para esta segunda parte del reportaje especial que La Jornada Zacatecas dedica al tema.
La apuesta por la sociedad civil, la experiencia reciente
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas empezó a funcionar el 8 de enero de 2014, luego de un año de haberse aprobado, gracias a la movilización de las sociedad civil, la Ley General de Víctimas, refiere Ricardo Bermeo Padilla.
El sociólogo ha sido parte de este proceso a nivel nacional. Y en Zacatecas desde hace tres años, ha brindado apoyo a las víctimas de la violencia del delito y las violaciones a los derechos humanos, inserto en Zacatecanos por la Paz, organización cuyo acto fundacional fue la visita que hiciera la Caravana por la Paz encabezada por Javier Sicilia.
De los testimonios recuperados en este reportaje en su primera parte publicada el pasado lunes, el denominador común es la ignorancia por las propias víctimas de una Ley general en la materia y menos aún del proceso que está por concretarse en Zacatecas para que el estado tenga su propia normativa.
Ha existido, dice Bermeo Padilla, cierta lentitud y problemas en la organización interna de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) y del propio Sistema Nacional de Atención a Víctimas, lo que explica el retraso en la difusión de la Ley, sus procedimientos y los mecanismos que ofrecen a este sector de la población.
La primera evaluación del sistema por organizaciones de defensa de derechos humanos del país se dio el pasado viernes 26 de septiembre. En ella se detectaron “problemas en la aplicación de la Ley por parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la CEAV”, uno de ellos justo el trabajo de difusión.
27 mil desaparecidos y más de 100 mil asesinatos, además de los datos del secuestro y otros delitos, unos del fuero federal otros del fuero común, refieren además de las víctimas directas, otras indirectas y aun aquellas de grupo o comunidad.
Estas dimensiones y jerarquías del delito requieren de la creación de leyes estatales, para el caso de Zacatecas próxima a concretarse en el mes de noviembre y que atenderá los casos del fuero común mediante una Comisión Ejecutiva local.
Varios retos a trascender para su correcta implementación tiene la Ley para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito en el Estado de Zacatecas.
Destacan entre ellos, la importancia del involucramiento de la sociedad civil para darle seguimiento y aún participar en la Comisión Ejecutiva de la que dependerá, entre otras cosas, la administración del fondo resarcitorio para las víctimas del delito que para el próximo año se propone en 4 millones de pesos.
La construcción de la Ley para Zacatecas
Importante también, agrega Claudia Anaya Mota, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la 56 Legislatura del estado, es la construcción de confianza derivada de los planteamientos del propio dictamen aun en construcción y su implementación entre los ciudadanos, que debiera provocar, de funcionar correctamente, se reduzcan los índices de la cifra negra para la denuncia de delitos que actualmente se sitúa en 93 por ciento para el caso del estado, y asimismo desalentar la comisión de los ilícitos.
“Si las iniciativas de ley que estamos presentando funcionan, la gente va ir teniendo confianza”, dice.
Expone que como parte de la experiencia a nivel nacional, la creación del fondo resarcitorio implicó que personas aún sin haber interpuesto una denuncia reclamaran recursos del mismo, por tanto señala, “creo que este no debe ser un fin, nada repara un daño, pero el Estado debe de ir intentando hacer este tipo de fondos y de acciones”.
Lo más importante comenta, es generar mediante las diversas dependencias obligadas a la atención de las víctimas una red de protección “post delito” y aun vincular la Ley de responsabilidades de los servidores públicos, esto para el caso también muy recurrente de la falta de sensibilidad para dar atención a quienes se encuentran en un proceso de este tipo.
Así como las leyes contra la trata de personas y la correspondiente de desapariciones forzadas para el estado de Zacatecas, estas dos últimas que está por presentar.
La Ley para la Atención Integral y Apoyo a las Víctimas del Delito en el Estado de Zacatecas, agrega, esté teniendo “el beneficio de la máxima publicidad”, para que su dictamen se enriquezca con las propuestas y experiencias tanto de las víctimas como de los defensores de derechos humanos y en general, de cualquier ciudadano interesado en un tema que, coinciden las voces, debería involucrar a todos.
Se encuentra ya disponible para su revisión y propuestas que pueden hacerse llegar a dicha comisión, en la Gaceta parlamentaria que puede consultarse en el sitio www.congresozac.gob.mx
Prepararnos para no ser víctimas
Misma lógica propone Montserrat Garza. Señala, aunque la ley busca restablecer para la víctima las condiciones previas a la comisión del delito, esto no es posible cuando se generan secuelas psicológicas insuperables o pérdidas humanas, por tanto precisa necesario como sociedad “prepararnos para no ser víctimas”.
Se refiere a no dejarle “todo el trabajo a las instituciones y autoridades” y organizarse y prepararse para un esquema de trabajo conjunto con las mismas, en el que deben involucrarse los cuerpos colegiados de profesionistas, entre ellos los abogados, psicólogos, ingenieros y criminólogos, por citar algunos.
“Si de verdad hiciéramos la tarea, cada actor que nos corresponde, probablemente la función del Estado sería vigilada más cercanamente y con mayor efectividad”. Garza López, agrega se le puede apostar mucho a una sociedad civil organizada y “docta”.
Agrega, la también asesora de la organización Amor y vida animal, se requiere sobre todo un esquema de prevención que atienda las desigualdades sociales
“Aquí lo que necesitaríamos es hacer planes para prevenir más que castigar (y resarcir). Se dice que el bien común debiera privar en una comunidad a efecto de que todos tuviéramos una factibilidad de desarrollo equitativo, si el mismo Estado no te facilita los medios creo que esto sería una utopía”
Por su parte Ricardo Bermeo agrega, se requiere un modelo de evaluación, intervención y monitoreo del funcionamiento del Sistema nacional y estatal de Atención a Víctimas y sus respectivas comisiones, en aspectos como el Registro tanto nacional como estatal de las mismas.
Existe también una preocupación acentuada en la falta de sensibilidad para el tratamiento de estos casos por parte del Ministerio Público, y en general del aparato burocrático que debe dar atención a las víctimas, incluido el que ha surgido de las propias organizaciones de defensa de derechos humanos, en que se ha visto el mismo fenómeno de alejamiento ocurrido con otros casos de representación, se autonomizan.
Esto llegó al grado de que se propusiera en la reunión realizada en Ciudad de México, que las comisiones estén formadas únicamente por víctimas, “para ejemplificar cómo están viendo que quién esté ahí tenga sensibilidad para atender el sufrimiento”, dijo.
Éste es un problema para el que se ofrecen diferentes soluciones, Garza López señala, se hace necesario la integración de un órgano colegiado para prevenir lo que definió como ser “tragados por el aparato ideológico” que permea las instituciones.
Y asimismo sean elegidos tanto para los puestos de procuración y administración de justicia como para la integración de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, “personas con valores”, que ubica coincidentes con los que propone la tesis católica en su decálogo.
Las víctimas mujeres
Mara Muñoz Galván, directora del Centro de Justicia para Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del estado, considera a la Ley estatal de Víctimas como fundamental para el trabajo que encabeza desde el pasado mes de marzo, mismo al que suma el vínculo con las organizaciones de defensa de derechos de las mujeres.
Dice, formará parte de una “triada afortunada”, conjuntamente con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la propia concreción en funciones plenas del Centro.
Cuestiona sin embargo, el monto que se ha adelantado, servirá tanto para dar operatividad a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas como para resarcir los daños, y agrega “una ley que nace sin recursos, es una ley inoperante, una ley muerta”.
La escasez de recursos ha sido una de las problemáticas que las mujeres han tenido para lograr el acceso a la justicia, señala. Ya que muchas se desisten de sus denuncias por no poder dar seguimiento a un proceso judicial.
Otro problema que enfrenta el sector es la opacidad de las cifras, no se ofrecen datos desconcentrados por género y tipo de delito, hecho que refiere como un problema estructural de la PGJE, y del cual es consciente el propio Procurador.
Al respecto el Centro de Justicia para Mujeres se encuentra desde hace mes y medio haciendo un trabajo de revisión caso por caso, de aquellos que puedan tipificarse como feminicidios, esto es cumplan con las agravantes de exponer el cuerpo en un lugar público, haber sido sujeto de violencia sexual y presentar mutilaciones.
Al interior de la institución de igual manera, informó, se encuentran ofreciéndose cursos de capacitación, que a largo plazo se propondrán de manera permanente, para que los agentes del Ministerio Público se sensibilicen respecto al tema, uno que ella misma acepta, tiene implicaciones incluso de carácter político.
Para este caso también se trabaja en un protocolo para investigar este delito en el que colaboran la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de El Salvador.
Para el caso de la mujeres, a quienes se revictimiza social e institucionalmente, basándose en supuestos de carácter cultural que en México no han logrado desterrarse, se busca justo, dijo, eliminar los prejuicios, por ejemplo para los casos tanto de feminicidios como de hechos ilícitos perpetrados por el crimen organizado donde se ven involucradas féminas.
Agregó, “durante mucho tiempo se habló de los procesos penales desde el punto de vista del indiciado, del inculpado y nunca se tomaba en cuenta la perspectiva de las víctimas yo creo que esta Ley General de Victimas”, de la que deriva la próxima Ley estatal de Víctimas para el estado de Zacatecas, “viene a dar ese nuevo aire a la procuración de justicia, para que uno de los ejes centrales del proceso penal sea la víctima del delito, y por supuesto, dentro de las víctimas la gran mayoría son las mujeres en muchos de ellos”.
