■ Este gremio, partícipe en elaboración de políticas de enseñanza de corte neoliberal: Irma González
■ La docente participó en Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales organizado por la UAZ
El control político que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre el magisterio y el respaldo de los gobiernos en turno hacia ese gremio han sido posibles por su capacidad para adecuarse a las políticas neoliberales, afirmó Irma Alicia González Anaya, profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Incluso, señaló que el SNTE ha sido partícipe en la elaboración de políticas educativas de corte neoliberal, como en su momento lo fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, de 1992, o más recientemente, la Alianza por la Calidad de la Educación, firmada durante el gobierno de Felipe Calderón.
Durante su participación en el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la académica expuso que ese sindicato ha sido fundamental para instituir en México un modelo educativo que se orienta hacia la privatización.
Expuso que en los últimos 40 años la política educativa global y nacional ha fomentado en los hechos una privatización de la educación básica; mediante la flexibilización de las normativas para crear escuelas y sus programas pedagógicos. Este proceso ha provocado el incremento de la educación privada, con porcentajes elevados en las últimas décadas. Sin embargo, en diversos países se ha demostrado que la expansión de la educación privada es correlacionable al aumento de la calidad educativa.
Por el contrario, para el caso de México se analizarán las tendencias del sistema de educación privada y pública, evaluando las tendencias del PIB, planteles, matrícula, número de docentes, escuelas formadores de docentes, gasto por familia y resultados de pruebas PISA y ENLACE, y con ello se muestra que el incremento de la educación privada no aporta sustancialmente a la mejora del aprendizaje.
González Anaya informó que desde inicios de los años 80 del siglo pasado, las políticas educativas internacionales; emanadas de los organismos internacionales (Banco Mundial-BM, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico–OCDE, y la Unesco), propugnaron por una reorganización de los sistemas educativos. Dicha reorganización estaría basada en la descentralización, la flexibilización educativa, la privatización de algunos servicios y en la evaluación de todos los procesos.
No obstante, dijo que en muchos países el impulso de estas políticas públicas no sólo provocó la descentralización en niveles diversos, sino un incremento sustancial de instituciones privadas que imparten la educación básica, las cuales se beneficiaron de nuevas normativas para crear escuelas y aplicar sus programas pedagógicos.
Este proceso ha provocado el incremento de la educación privada, con porcentajes elevados en las últimas décadas; no sólo en el ámbito global, sino también regional y en el caso nacional.
Uno de los aspectos negativos de la política de privatización es que, tácita o expresamente, conduce, en algunos casos, a un abandono de la escuela pública, y en otros, a su deterioro. Además, como complemento de la privatización es común introducir en la escuela pública métodos de gestión trasplantados del mundo de los negocios, métodos propios de la empresa privada dirigidos a mejorar la organización escolar, reducir sus costes y reordenar las tareas de los equipos docentes, aunque finalmente todo se oriente a conseguir un mayor rendimiento escolar en términos puramente cuantitativos.
Según González Anaya, ese proceso ha sido posible gracias a que las autoridades centrales confeccionen las evaluaciones nacionales de rendimiento por medio de test, presentando después a los padres el ranking de centros que obtuvieron los mejores resultados en esas pruebas, aunque el precio sea alejar a las escuelas de sus verdaderos fines pedagógicos: la formación íntegra de sus alumnos
“En el fondo de las políticas de privatización late el deseo; no oculto, de arrojar al rincón del olvido la consideración de la educación como un asunto público, donde el Estado debe intervenir para evitar los desequilibrios de los principios de libertad e igualdad y para favorecer los procesos de integración social”.
“El lugar de la educación como un derecho social del individuo es sustituido por la aplicación del libre mercado que, gracias a la libertad de elección, consigue, cual nueva mano invisible, la mejora de la calidad de la enseñanza. La educación pública, antes responsabilidad de los gobiernos, es estimada ahora un asunto esencialmente privado”, puntualizó.
Explicó además que la doctrina de la privatización no debe ser considerada como un bloque monolítico, pues hay en ella posiciones diversas que reflejan políticas más radicales o más moderadas.
Por último, señaló que el máximo nivel de aspiración neoliberal vendría constituido por el libre mercado de la educación, sin sometimiento alguno a la regulación del Estado.
En ese escenario, sería la completa privatización. Los padres elegirían libremente según su capacidad de pago, no estarían sujetos a la escolaridad obligatoria para sus hijos y las escuelas podrían adoptar su propio currículo.
