“Fue el Estado” dicen en las calles en las protestas por lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre. En contraste, que no fue crimen de Estado y que la responsabilidad es sólo de José Luis Abarca, dice José Narro, rector de la UNAM, en comparsa con el procurador general de la República que argumenta que “Iguala no es el Estado Mexicano”.
Nadie les cree. Al rector le respondieron los propios alumnos de la UNAM movilizados días después de su declaración, a Murillo Karam le responde México y el mundo a través de memes y de la apropiación de su vergonzoso “Ya me cansé” para hablar del hartazgo de la situación del México actual.
En ese hartazgo, en ese “Ya me cansé” que encabeza las tendencias en las redes sociales junto a “#Artículo39EPNRenuncia”, se encuentran manifestaciones en favor de los normalistas en voces de estudiantes, activistas, actores como Daniel Jiménez Cacho, Ana Colchero o Maribel Verdú, músicos como Molotov, Caifanes, Zoé, Café Tacuba o Luis Eduardo Aute, directores de cine como Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro, etc. Con todos ellos también numerosas manifestaciones internacionales.
Al Estado se reclama porque fueron sus agentes, policías, quienes perpetraron ese crimen, y también, porque teniendo la posibilidad de detenerlo, no lo hicieron, como es el caso de los militares del 27 batallón de infantería, que sabiendo de los hechos, y peor, teniendo contacto con los jóvenes perseguidos por los policías no hicieron nada para protegerlos.
Según Murillo Karam, las omisiones del Ejército son para alegrarnos, porque de haber actuado “Hubiera sido un problema mucho mayor, qué bueno que no salió”, pues, según dijo: “El Ejército como todos los ejércitos del mundo, se mueve sólo con órdenes, y qué bueno. ¿Qué hubiera pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida”. Murillo confiesa, a su ver, que en el dilema entre seguir una orden o detener un crimen, los militares elegirían lo primero.
Lo que no aclaró el procurador es que los militares siguen órdenes de militares, no de civiles, en ese sentido no era a Abarca a quien tendrían que responder, sino al encargado de la zona militar en cuestión, y en su máxima expresión, a Enrique Peña Nieto, comandante en jefe de las fuerzas armadas en turno.
Efectivamente, hasta ahora, tanto policías como el Ejército están del lado de la autoridad constituida. Hay sin embargo, cada vez más y mayores muestras de inconformidad en esas filas. Parece que también ellos dicen #YaMeCansédel México en el que vivimos; no es de extrañar, son ellos testigos de la ofensiva opulencia de quienes nos (des) gobiernan; es el Estado Mayor Presidencial el que resguarda la Casa Blanca de 86 millones de pesos, (7 millones de dólares) supuestamente de Angélica Rivera. Son siete elementos del Ejército, los de más bajo rango, los presos por el asesinato de civiles en Tlatlaya. Encarcelamiento y juicio que suscitó inusuales manifestaciones en la calle.
Son los “de abajo” en esos cuerpos a quienes reciben órdenes arbitrarias, y a quienes se les castiga por obedecerlas si es que hay la presión pública suficiente. Son los que viven el “plata o plomo” si desobedecen.
El descontento entre los militares lo demostró la primera plana de La Jornada de ayer con las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional: “aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece’’.
Por otro lado, los policías encuentran paulatinamente menos miedo en la ciudadanía, y quizá también menos respeto. Diariamente salen a la luz vídeos de detenciones arbitrarias grabados por gente que cada vez más, aduce su derecho a grabar a quienes portan uniformes y armas pagados por sus impuestos.
El año pasado fueron los maestros, ahora son los policías las nuevas víctimas de la “evaluacionitis” con la que las autoridades dicen depurar. Ahora en Zacatecas un importante porcentaje de policías fueron despedidos por reprobar exámenes de control de confianza, a los que nadie les tiene eso, confianza.
Y mientras esto sucede, la Suprema Corte de Justicia niega el derecho del pueblo a ser consultado. Si así reacciona con las consultas, puede suponerse que se ve lejos el día que podamos despedir al Presidente y otros funcionarios a través de la revocación de mandato cuando los damos por reprobados, como ahora.
Siempre será mejor ser historiador que profeta, dicen por ahí, y hablando de historiadores, hace meses escuché a Paco Ignacio Taibo II contar que el 19 de noviembre de 1910 un alto funcionario enviaba un telegrama a Porfirio Díaz con el siguiente mensaje “el país está en calma”, al día siguiente se hizo historia.
Por lo pronto en la sociedad hoy cunde el “Peña Renuncia”. ■
@luciamedinas
