La seguridad pública admite críticas, matices y preguntas incómodas. Pero un análisis serio también debe reconocer la evidencia que contradice nuestras hipótesis. Quizá resulte menos emocionante que una narcoserie.
En distintos foros de opinión, nacionales y locales, se ha insistido en ofrecer una explicación a la disminución de la violencia en Zacatecas que más bien parece guion para una serie de televisión: dos grandes capos, escoltados por hombres armados, cada uno al frente de una organización perfectamente jerarquizada, acuerdan dejar de matarse, trazan una línea imaginaria sobre un mapa y se reparten el territorio. Tú de aquí pa’ allá; yo de allá pa’ acá. Se levantan, se dan la mano para sellar la pax narca y todos a merced de su santa voluntad.
Es una explicación atractiva, pero también extraordinariamente cómoda. Ofrece una salida fácil para explicar la reducción histórica de los homicidios sin concederle capacidad alguna al Estado. El problema es que la realidad criminal mexicana es bastante menos cinematográfica.
Distintos analistas han cuestionado esta representación casi mitológica de los cárteles como organizaciones omnipotentes, verticales y perfectamente cohesionadas. El crimen organizado contemporáneo opera en mercados ilegales diversos y su estructura se compone por cientos de células, pequeñas y medianas que establecen relaciones variables, poco formales y bastante flexibles entre sí. No son estructuras cerradas, jerárquicas y disciplinadas, más bien son redes criminales y alianzas frágiles que se forman, se rompen y se recomponen según el territorio y el negocio.
La propia investigación sobre Zacatecas sugiere que existen múltiples organizaciones, algunas identificadas con organizaciones mayores, sin obediencia vertical que garantice un acuerdo sostenido.
En Zacatecas no hubo un acuerdo entre cárteles
Si alguien sostiene que una caída de los homicidios demuestra la existencia de un pacto criminal, debería aportar evidencia: quiénes pactaron, qué capacidad tienen para ejercer disciplina, cómo distribuyeron territorios, cómo hicieron cumplir el acuerdo y por qué se ha logrado mantener. Sorprendentemente, los analistas, sin querer o deliberadamente, pasan por alto la acción del Estado.
En Zacatecas no hubo tal acuerdo entre cárteles. Hubo una estrategia que aumentó la presencia territorial de las instituciones, fortaleció las corporaciones locales, desarrolló capacidades de inteligencia y articuló operaciones de la Policía Estatal, Fuerzas Especiales, Ejército, Guardia Nacional, fiscalías y policías municipales.
Datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas documentan cientos de detenciones de diversos grupos, aseguramientos, desarticulación de células y recuperación de espacios.
La lógica del despliegue territorial de las corporaciones de seguridad también importa. Desde 2021, la prioridad fue recuperar los núcleos urbanos y las zonas más densamente pobladas del flagelo de la violencia: Zacatecas, Guadalupe y, principalmente, Fresnillo. No es casual que Fresnillo abandonara recientemente el primer lugar en percepción de inseguridad de todo el país, según datos de la ENSU.
Una consecuencia previsible de elevar la capacidad del Estado en los centros urbanos es el repliegue de células criminales hacia espacios donde se diluyen las capacidades institucionales y existen ventajas geográficas. De ahí que hoy uno de los desafíos se encuentre precisamente en las periferias y las fronteras entre las entidades, donde las organizaciones aprovechan los límites administrativos y la falta de coordinación entre mandos estatales para ocultarse y delinquir.
La extorsión constituye uno de los mercados criminales más complejos y dañinos
Por eso resulta acertado que Zacatecas haya comenzado una segunda etapa de coordinación regional. El Plan SAGAZ con Aguascalientes y los acuerdos alcanzados en julio entre los estados de la región Centro-Occidente buscan precisamente compartir inteligencia y desplegar operaciones conjuntas en zonas limítrofes, rutas y corredores carreteros. El crimen funciona en red; sería absurdo combatirlo desde gobiernos encerrados dentro de sus fronteras administrativas.
Nada de esto supone declarar resuelto el problema. La extorsión, por ejemplo, constituye hoy uno de los mercados criminales más complejos y dañinos. No podemos resignarnos a pensar que la reducción del homicidio solo significa que los criminales encontraron formas menos visibles de delinquir. Hay que investigar, perseguir y contener ese mercado. Por eso la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum estableció como ejes la inteligencia, las unidades especializadas, la atención a víctimas, el fortalecimiento del 089 y la coordinación con los estados. A junio de 2026, el Gobierno de México reportaba 1,674 personas detenidas por este delito.
La seguridad pública admite críticas, matices y preguntas incómodas. Pero un análisis serio también debe reconocer la evidencia que contradice nuestras hipótesis.
Quizá resulte menos emocionante que una narcoserie. Pero existe una explicación bastante más verificable para entender lo ocurrido en Zacatecas durante cinco años: el Estado recuperó capacidades, aumentó su presencia territorial, mejoró la coordinación entre órdenes de gobierno, golpeó estructuras criminales y elevó sistemáticamente el costo de ejercer violencia.
Negar esas variables es otra forma de simplificar la realidad.
Secretario General de Gobierno
