Como lo comentamos en estas mismas páginas la semana pasada, el proceso deliberativo que conlleva toda campaña político-electoral, trajo por fin, el debate respecto la materia del combate a la corrupción, que, pese a cambios en la agenda pública, contextos sociales, alternancias políticas y demás, se mantiene como una preocupación constante para las familias mexicanas.
En este sentido, es un alivio enterarse que el debate ha vuelto a poner énfasis en las instituciones como solución, en lugar de la voluntad de las personas. Aclaremos el punto: las instituciones en muchas ocasiones, particularmente en lo relativo a su diseño, son parte de la problemática, instituciones fuertes, autónomas y modernas, no implica necesariamente menos discrecionalidad o integridad. Tampoco es que la voluntad política no cuente, cuenta y cuenta mucho a la hora de prevenir y perseguir la corrupción, también en la promoción de mecanismos e instrumentos para la apertura institucional.
Sin embargo, ni una ni otra bastan. De ello partió el mayor esfuerzo que México ha hecho en su historia para atender dicho fenómeno sistémico y pernicioso, a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya logramos una base mínima de consensos respecto al diagnóstico y la propuesta para atenderlo. Ello no implica que este piso mínimo sea suficiente, llegó la hora de analizar tanto el diseño original de la política de Estado que surgió a partir de las reformas de 2014 y 2015 en la materia, así como de realizar un análisis crítico de nuestro enfoque, y en ello atender a cuestionamientos como los siguientes: ¿las instituciones que hemos creado para atender la problemática de la corrupción son suficientes, necesarias o ya excesivas? ¿hay que reformar nuestro enfoque y entendimiento de la autonomía, dotándola de fuerza a partir de un proceso de legitimidad social? ¿fusionar, reducir o reformar instituciones, implica un retroceso en términos de combate a la corrupción? ¿cómo se comunican, colaboran y coordinan dichas instituciones de tal forma que no se dupliquen esfuerzos, políticas y funciones? Atajo confusiones: desaparecer instituciones que han resultado exitosas en su función, sería un despropósito, no solo carente de sentido sino contraproducente en toda lógica; al referirnos a legitimidad social, hay que aclarar que ésta no solo proviene de las urnas, sino también de resultados, procesos de comunicación social y apertura institucional que incentive el involucramiento ciudadano; y finalmente, un análisis de funciones, así como de la colaboración institucional a través de éstas, implica la formulación de reformas que contemporicen y empaten instituciones que surgieron en dinámicas, propuestas y análisis distintos, por lo que, una vez logrado el catálogo de políticas, mecanismos, facultades, instrumentos y atribuciones, es pertinente consolidarlos en lógica sistémica, colaborativa, de corresponsabilidad y, sobre todo, de efectividad, resultados e impactos. Es decir: ¿basta lo que hoy tenemos, ha sido insuficiente? ¿se requieren figuras, o menos procesos con mayor efectividad y menos discrecionalidad?
La pretensión de las presentes notas, preguntas e ideas sueltas es la de suscitar un debate tan necesario como urgente: el embate que han sufrido muchas de nuestras instituciones, aunado a la cultura de la desconfianza en las instituciones, la crisis de credibilidad en la democracia y, en algunos casos, los resultados poco evidentes de su funcionamiento, nos requieren debatir con seriedad, apertura y plena disposición a escucharnos ¿qué sigue en materia anticorrupción para México? Es el momento lectoras, lectores, electoras, electores.
@CarlosETorres_
