El pasado 28 de septiembre, se realizó el taller Derechos Humanos y Agenda Anticorrupción, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad de Zacatecas, (dedicamos la colaboración anterior para difundir la convocatoria, junto a una breve descripción de los contenidos, así como sobre los actores que generamos mediante un proceso de co-creación esta experiencia de innovación cívica); el resultado de ese taller ha sido valioso y productivo, con hallazgos que pueden ser muy útiles en la medida en que nos permitieron explorar la situación de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que participaron en el taller, en general, derivado de las participaciones de los asistentes, parece que existe una debilidad producto de la falta de integración efectiva -es decir, no reducida a la simulación, la práctica más habitual, hoy en día- de las organizaciones de la sociedad civil en las diferentes fases del ciclo de las políticas públicas, y/o por la ausencia de articulación, salvo excepciones presentes en el taller, en los movimientos sociales existentes y/o emergentes-. En suma, el tejido asociativo zacatecano parece estar en esta temporada, menguado y con muy bajo perfil, también, fue muy valioso sondear la percepción ciudadana -entre los participantes- sobre violaciones a los derechos humanos y los fenómenos de la corrupción e impunidad, en este campo, existe un “mapeo” cotidiano actualizado, que apunta hacia un proceso de concientización creciente, sobre la existencia de niveles de corrupción -que más allá del diseño e implementación de políticas públicas de combate a la corrupción y contra la impunidad- continúan prevaleciendo en Zacatecas.
Uno de los ejes de la Política Nacional -y Estatal- Anticorrupción, (PNA, y PEA respectivamente) que me interesa abordar aquí, desde la perspectiva del Taller realizado en las instalaciones de la CDHEZ, dirigido a las organizaciones de la sociedad civil de Zacatecas, es el Eje 3 relativo al: Involucramiento y responsabilidades ciudadanas.
A nivel nacional y estatal, se parte de que la corrupción y la impunidad tienen los niveles de prevalencia que conocemos, en México -y en Zacatecas-, debido a la existencia del imaginario social dominante, que normaliza la corrupción y la impunidad. Para cambiarlo, necesitamos movilizar nuestras energías sociales -fortaleciendo la autonomía ciudadana – impulsando una auténtica actividad de transformación de la ya -ahora- extremadamente grave situación -deberíamos considerarla un caldo de cultivo que nos conduce hacia una aún más nefasta fase ulterior donde se daría tendencialmente la simbiosis entre ciertos sectores de la clase política, la delincuencia organizada, actores empresariales, y sociales, que hipotecan ya el presente y convertirán lo por-venir en un no-futuro para las siguientes generaciones que aspiran a una “buena vida”; -si tales tramas de poderes corrupto prevalecen-, convertirán en imposible la realización de un “programa constructivo” mediante el cual podríamos generar nuevas formas de organización de la sociedad civil y de la sociedad política, que impidan que continué prevaleciendo los hechos de corrupción (y de la impunidad que los solapa y prohija), hechos que -lo sabemos- continúan cometiéndose con absoluto desprecio al orden propio del Estado social y de derecho, bajo el que nos deberíamos de regir.
Volviendo a la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, y al involucramiento y responsabilidades ciudadanas, un diagnóstico de Quintana Roo, que da cuenta del débil involucramiento y responsabilidad ciudadana en la lucha contra la corrupción (donde hace también resonancia el diagnóstico realizado para la PEA en Zacatecas), en ambas se establecen entre las raíces causales, que dan cuenta de ese débil involucramiento las siguientes:
En primer lugar, tendríamos una participación ciudadana que no es vinculante; además, serían insuficientes las capacidades (de las OSCs y la ciudadanía-) para la incidencia; existe una débil cultura asociacionista y organizativa. Junto con: la ciudadanía desconoce y desconfía de los mecanismos de participación ciudadana; los Mecanismos de Participación Ciudadana (MPC) son para la simulación; los MPC tienden a estar cooptados. Asimismo, se incluyen: el desaprovechamiento de los medios de comunicación; insuficientes capacidades para periodismo de investigación; una actividad periodística esta cooptada. también se señalan: un sector empresarial que ha normalizado e integrado procesos que promueven la corrupción; que desconoce o no cuenta con incentivos para políticas de integridad empresarial; junto a la incipiente vinculación entre sector empresarial y el Sistema Estatal Anticorrupción.
En otras dos columnas, se incluyen las siguientes raíces causales: procesos legislativos opacos, y de difícil acceso a la ciudadanía; débiles capacidades ciudadanas para la incidencia en la agenda legislativa; debilidad en la implementación de los principios de parlamento abierto, por parte del Congreso Estatal. Y finalmente, relacionadas con la investigación y la educación: Las IES no promueven investigación anticorrupción; no hay fomento a la investigación sobre la agenda anticorrupción y; las líneas de investigación actuales no se vinculan con la agenda anticorrupción. En cuanto a la educación: los contenidos educativos anticorrupción en la currícula a todos los niveles son casi nulos; los currículas educativas no han transversalizado temas como ética pública, integridad, participación ciudadana; y, las currículas no han transversalizado la agenda de la gobernanza.
Esta enumeración de las raíces causales compartidas en el diagnóstico de Quintana Roo, y el PEA de Zacatecas, nos permite comprender una parte significativa de los temas que fueron analizados en el taller, y puede ser muy útil para -desde la PEA-, buscar solución a los problemas públicos vinculados a las violaciones a los derechos humanos y a la agenda anticorrupción, relacionados con el eje 3 sobre el débil involucramiento y responsabilidad ciudadana; específicamente nos permite generar una vía para solucionar dichos problemas, a través de la co-creación de redes ciudadanas anticorrupción, tema que abordaremos en nuestra próxima colaboración.
