La Fiscalía General de la República cateó en la capital del país una bodega que supuestamente arrendaba el vicealmirante Roberto Farías Laguna, procesado por huachicol fiscal, donde incautaron, además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial, así como armas sin el debido registro.
En un videomensaje, la fiscal Ernestina Godoy Ramos señaló que, de acuerdo con las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, detrás de la operación ilegal del buque localizado en 2025 con 10 millones de litros de diésel en Puerto Altamira, Tamaulipas, había una compleja red criminal en la que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna destacaban para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal al país.
Estructura de complicidades
Detalló que de acuerdo con datos de prueba convincentes, mismos que están siendo valorados por el Poder Judicial, los hermanos Farías, conocidos como Los Primos, junto con sus cómplices, intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina.
Expuso que Roberto en particular gestionaba directamente esos nombramientos y promociones, además de que con la estructura de complicidades ya instalada, Los Primos, junto con sus secuaces, presuntamente repetían una y otra vez la trama ilegal.
Apuntó que los buques zarpaban principalmente desde Texas, cargados de hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento fiscal. “Servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar. Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación”.
Detalló que la red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión. También se establecían calendarios de arribo en la cadena de complicidades a efecto de desactivar cámaras para imposibilitar el registro de las descargas.
Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, pero, dijo, una red de empresas fachada y triangulaciones financieras eran las responsables de darle apariencia legítima a los ingresos de la venta.
La FGR manifestó que la red operaba en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y en la CDMX, y que en las distintas etapas de esta cadena ilegal existe evidencia de la participación de Manuel y Roberto.
Subrayó que una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionan la responsabilidad y la confianza depositada en ellos. Muestra de ello, añadió, es que el actual secretario, el almirante Raymundo Morales Ángeles, está muy atento al seguimiento de las investigaciones.
“La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen tiene que responder ante la justicia.”
