Santiago. Como ha sido inamoviblemente por más de tres décadas en estas fechas, organizaciones de detenidos y de ejecutados políticos durante la dictadura en Chile, sumadas a ellas la ciudadanía y representaciones de la izquierda, marcharon ayer hasta el cementerio de Santiago para rendir “honor y gloria” a las víctimas de la sapatría del general Augusto Pinochet.
En pleno gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, confeso partidario y justificador del pinochetismo, la fecha adquiere más emblema, por cuanto el propio gobernante está bajo la presión de su sector político para que conceda indultos a centenares de condenados por delitos de derechos humanos y que deberían estar en prisión por décadas.
Hasta ahora, transcurridos los primeros seis meses del gobierno de cuatro años de Kast, no ha ocurrido nada, pero la posibilidad está latente, particularmente para los policías y militares que cometieron tropelías cometidas en la revuelta popular iniciada en octubre de 2019.
Pero el gobierno de Kast ha dicho que está dispuesto a analizar cualquier petición de indulto.
Los familiares de las víctimas de la dictadura llamaron a mantener viva la memoria y a rechazar la impunidad, en su marcha desde el centro de la capital y hasta el cementerio, donde en un memorial esculpido en piedra, se registran los nombres de los más de 3 mil asesinados desde el golpe de Estado de 1973 por la dictadura, donde el paradero de los restos de unos mil 500 de aquellos es desconocido, pese a las peticiones hechas a las fuerzas armadas para que entreguen información acerca de qué hicieron con ellas y ellos.
Dirigentes de la izquierda enfatizaron los peligros de establecer escenarios de impunidad tanto para los delitos cometidos durante la dictadura como para las vulneraciones ocurridas en el marco del estallido social de 2019, mientras de informaba de dos docenas de manifestantes detenidos que se enfrentaron a la policía.
