A un día de que el gobernador David Monreal Ávila presente su quinto informe de actividades, su administración llega a la recta final con el argumento de haber saneado las finanzas estatales, reducido los homicidios dolosos e incrementado la inversión pública, mientras desde la oposición persisten cuestionamientos sobre seguridad, desarrollo económico, campo y resultados de gobierno.
El próximo martes 8 de septiembre, el mandatario entregará el informe a la 65 Legislatura durante una sesión solemne y posteriormente ofrecerá un mensaje político en el Palacio de Convenciones, donde se prevé que haga un balance de su quinto año de gestión y plantee las prioridades para el último tramo de su gobierno.
De acuerdo con las cifras difundidas por el Ejecutivo estatal, durante la actual administración los ingresos propios de Zacatecas aumentaron 113 por ciento. El gobierno atribuye este resultado a una política de disciplina financiera y sostiene que, durante el sexenio, se han destinado más de 7 mil millones de pesos al pago de la deuda heredada, sin contratar nuevos créditos.
Entre los principales resultados que se prevé que destaque Monreal se encuentra la disminución de los homicidios dolosos. Según las cifras oficiales, éstos pasaron de un promedio de 4.5 casos diarios en 2021 a 0.2 en 2026, una reducción de 96 por ciento. También se reporta una disminución de 42 por ciento en el robo de vehículos.
La seguridad constituye uno de los principales argumentos de la administración, particularmente después de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconociera recientemente los avances de Zacatecas y ofreciera al gobierno estatal el respaldo de la Federación.
En materia de inversión, el gobierno estatal reporta más de 13 mil millones de pesos para la modernización y conservación de 5 mil 574 kilómetros de carreteras; más de 18 mil millones destinados al campo, así como recursos para conectividad, educación, salud, seguridad y programas sociales.
Sin embargo, el balance oficial contrasta con los cuestionamientos de sectores de oposición y organizaciones sociales. El PRI ha centrado parte de sus críticas en la inseguridad, el desempeño de la administración estatal y, recientemente, en lo que considera un uso político de las acusaciones contra ex funcionarios priístas. El exgobernador priísta Miguel Alonso Reyes acusó al gobierno de Monreal de recurrir a una persecución política para ocultar la falta de resultados y el descontento social. Monreal rechazó esas acusaciones y sostuvo que debe prevalecer el “imperio de la ley”.
Desde el PAN también se han formulado señalamientos sobre la estrategia de seguridad y la capacidad del gobierno estatal para contener las expresiones de violencia. Las críticas cobraron fuerza después de los recientes ataques con explosivos registrados en distintos municipios, incluido el atentado contra una comandancia policial en Ojocaliente, que dejó personas heridas y daños materiales. El episodio volvió a colocar la seguridad pública en el centro de la discusión sobre los resultados de la administración estatal.
En ese contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ya suman tres detenidos por el ataque con un vehículo cargado con aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, ocurrido el pasado 30 de agosto. El funcionario señaló que las investigaciones apuntan a una disputa entre células delictivas por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas. El ataque dejó 11 personas lesionadas y daños en decenas de viviendas y vehículos. García Harfuch sostuvo que las investigaciones continúan para identificar y detener al resto de los responsables, mientras fuerzas federales y estatales mantienen la coordinación en la entidad.
Al tema de seguridad se suman los conflictos registrados en el campo. En mayo pasado, productores de frijol denunciaron el incumplimiento de un convenio mediante el cual el gobierno estatal se había comprometido a adquirir mil 500 toneladas del grano, en medio de protestas y señalamientos sobre irregularidades en el programa de acopio.
En este escenario, el quinto informe de David Monreal se perfila no sólo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino como el arranque a la sucesión de 2027. La oposición busca colocar en el debate los pendientes y resultados que, a su juicio, no corresponden con el balance positivo que presenta el Ejecutivo.
El gobernador llega así a su último año de gestión con una narrativa de estabilidad y resultados, pero también ante la exigencia de sectores opositores y sociales de mejoras.
La disputa por la interpretación de estos resultados adquirirá mayor relevancia conforme se acerque la elección de 2027, cuando estarán en juego la gubernatura, 30 diputaciones, 58 ayuntamientos más 4 distritos para elegir legisladores federales.
