Fortalecer las instituciones anticorrupción, pasa por un análisis exhaustivo del impacto que ha tenido el diseño con el que arrancó el Sistema Nacional y también los estatales. En el contexto de la elección de 2018, se planteó por parte del candidato José Antonio Meade, la posibilidad de ampliar los integrantes del Comité Coordinador del SNA a el Instituto Nacional Electoral y el Sistema de Administración Tributaria. La propuesta es valiosa y creo que debe explorarse con detenimiento, más allá de quién y porqué la haya propuesto. Los casos más indignantes de la corrupción en el pasado sexenio, y particularmente los que tienen que ver con la captura y enjuiciamiento de varios gobernadores, tiene que ver de forma directa con la corrupción política, y con el objetivo de financiar campañas electorales de aliados, a través del desvío de recursos públicos. Por lo tanto, integrar al INE podría articular una respuesta integral del Sistema Nacional Anticorrupción a este fenómeno, pues plantearía la posibilidad de que el órgano electoral actuara sobre la colaboración de las otras siete instituciones y sancionar, ya no solo administrativa y penalmente a los infractores, sino también electoralmente. Además de lo anterior, sí la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, ha ampliado la obligatoriedad de las declaraciones en materia de evolución patrimonial y de intereses al cumplimiento de la declaración fiscal, y el SAT por sus funciones propias, da un seguimiento al ingreso y egreso de todos los declarantes, su participación en la identificación de fenómenos como el enriquecimiento inexplicable o ingresos no justificables, podría derivar a su vez en la investigación de casos de corrupción e incluso de tráfico de influencias o conflictos de interés.
Pero además de lo anterior, también en los estados hay asuntos que abordar. Uno de ellos es la rendición de cuentas en el Poder Judicial. En una etapa de nuestra historia nacional, en la que la impunidad es un doloroso cáncer que no solo está relacionado a actos de corrupción, sino también de violencia criminal, inseguridad en general y otros delitos que lastiman en lo profundo a la sociedad, jueces, magistrados y ministros, deben formar parte de un esquema de transparencia, apertura institucional y rendición de cuentas, con un diseño adecuado a su realidad y sus funciones constitucionales. El mecanismo que se encontró, en la reforma de 1995 hecha por entonces presidente Ernesto Zedillo, a nivel federal, lo fue el Consejo de la Judicatura. Figura que los estados adoptaron en distintos grados y con diferentes diseños, salvo dos: Colima y Zacatecas. Hoy se requiere sumarse a un esfuerzo de análisis, propuesta y reforma en este sentido. Recientemente el Poder Judicial ha avanzado consistentemente en materia de transparencia, y ese es un logro a destacar. No hay que quedarnos ahí, respetando su autonomía, y sus características no políticas, sino constitucionales (es importante insistir en esta parte), los Poderes Judiciales de los Estados, deben sumarse a una nueva etapa de la vida institucional y pública de nuestro país, en el que las cuentas claras, reditúan en confianza, legitimidad y fortaleza democrática. En Zacatecas también debemos ir a una reforma constitucional en la materia y crear el Consejo de la Judicatura o en su caso la figura análoga que más convenga según el contexto de nuestro Poder Judicial.
@CarlosETorres_
