Los responsables de las dependencias del gobierno son los encargados de tomar decisiones estratégicas y también de implementarlas. Y hacer esto último es parecido a los procesos artesanales: depende mucho de la actuación de los responsables para que el pan salga bien. No basta seguir recetas o tener buenos consejeros, la manera de llevarlo a cabo puede determinar el éxito o fracaso de la estrategia planteada (donde las decisiones y la ejecución de los programas están mezclados). Por ello, son importantes dos requisitos para que el trabajo de gobierno funcione bien: el perfil de los responsables y el seguimiento cercano de su actividad.
Conducir una organización gubernamental supone reparar estructuras, deficiencias, vacíos, distorsiones; lo cual significa intervenir el sistema de acción, como equilibrar intereses, poderes, contribuciones. Además de conocer y tener visión del tema en cuestión. En el argot de las políticas púbicas se les conoce como un “fixer”, un político con garantía de compromiso y fuertes convicciones con el tema (nunca un político que quiere un puesto en general cumple este perfil), que se constituye en mediador o reparador en todo el proceso de implementación, con recursos políticos esenciales como información, autoridad moral, influencia en los presupuestos e incidencia en la población del sector que pretende manejar. Además, debería tener monitoreo de su actividad por un poder equivalente para garantizar las metas planteadas.
Pues bien, para lograr lo antes dicho, el esquema de elección político-partidaria o elección personal del gabinete por parte el gobernador no lleva al nombramiento de los perfiles que mencionamos arriba. Para acercarse a ese objetivo debe aproximarse a métodos semi-parlamentarios, donde se propongan diversas personas con base a convocatorias públicas acordadas por la Legislatura y entren a un proceso de selección basado en méritos y rasgos esenciales. Además, estipular que cada funcionario electo de esta manera deba rendir cuentas de su acción al propio Congreso. Del mismo modo, debería modificarse la Ley de la Administración Pública para instituir al gabinete como órgano con capacidad directiva propia, donde se puedan tomar decisiones y no sólo obedecer al gobernador. Es decir, algo cercano a un Ejecutivo colegiado. Los esquemas presidencialistas han sido desacreditados por su ineficacia para gobernar: una persona no puede tener una visión panóptica que le permita decidir sobre todo.
Si el gobernador electo tiene la intención de conformar un gabinete por fuera de los cánones que ya demostraron fracaso sostenido, debe pensar (ya) en lo que los mejores investigadores ya proponen: el gobierno de gabinete (o algo cercano). Puede elaborarse en este periodo de transición una ley que respalde esa iniciativa, y con ello, seguramente el nuevo gobierno entraría con una imagen realmente nueva y llena de expectativas positivas, porque se inició con la muestra inequívoca de innovar las estructuras de gobierno. Repetir lo que ya ha sido inequívocamente un fracaso lleva justo al mismo destino: a otro fracaso. ¿Quiere Alejandro Tello realmente hacer las cosas bien con nuevos métodos y hacer sólo fintas? Veremos qué ocurre y cuál es la respuesta a esta pregunta en las próximas semanas.
