■ La Comisión no tiene alguna queja o petición relacionada con casos de este tipo: Domínguez
■ Hay que revisar el tema del Protocolo de Personas Desaparecidas o no Localizadas, opina
María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se pronunció porque se actualice “un censo a nivel nacional de todas personas desaparecidas o no localizadas”, para lo cual es necesario incentivar en la ciudadanía la cultura de la denuncia “siempre y cuando haya garantías para la salvaguarda de su propia integridad”.
Para el caso de la CDHEZ precisó que no se tiene alguna queja o petición relacionada con casos de este tipo, por ello se requiere asimismo para la entidad, un censo “en la Procuraduría General de Justicia del Estado para saber exactamente de cuántas personas estamos hablando porque mucho se dice, pero no tenemos una estadística, no hay un dato oficial”.
Dijo entonces que puede haber muchas personas que han sufrido esta problemática, pero no la han denunciado ante las autoridades.
“No por ello señalamos que no exista, pero sí que se requieren datos oficiales para que a partir de ello también se inicien nuevas acciones gubernamentales y políticas que debe impulsar la autoridad”, sostuvo.
Reiteró sobre el tema que “de parte de la Comisión como organismo defensor de derechos humanos, sencillamente no tuvimos ni en 2015 ni en 2014…y no hemos tenido pues, casos denunciados de desaparición”.
Domínguez Campos agregó que es necesario también revisar el tema del Protocolo de Personas Desaparecidas o no Localizadas y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación de Desaparición Forzada, “para ver qué otros elementos se les deben añadir para hacerlos más precisos y eficientes”, pues lo que la gente espera es la restitución con vida e integridad física de sus familiares en estas circunstancias.
En este sentido, se pronunció por una mejor preparación del personal destinado para este propósito, tanto al interior de la PGR como de las fiscalías estatales, de manera que “intervengan de manera inmediata” con la mayor eficiencia y eficacia.
Opinó que deben transparentarse a los familiares de las víctimas, los medios de comunicación y la población en general, las actuaciones de las autoridades ministeriales respecto de la aplicación de los citados protocolos, pues no solamente tendría un efecto positivo en la sociedad sino de mayor confianza en la autoridad y la instancia investigadora, esto, siempre y cuando no se afecte el sigilo en la indagatoria.
Ante las circunstancias de inseguridad pública que vive el país, dijo, deben activarse los citados protocolos de manera inmediata luego que se denuncia la desaparición de una persona, sin esperar las 72 horas que se especifican legalmente, “porque las primeras 48 horas son vitales para garantizar su integridad física y su localización”.
En opinión de la recién nombrada comisionada de DDHH en el estado, en el país “se han hecho grandes esfuerzos para contrarrestar la inseguridad pública, contener la violencia y a los grupos delictivos”, y la desaparición forzada y los casos de personas no localizadas son efectos colaterales de esta actividad criminal.
Dijo entonces que se ha hecho una gran inversión por parte de la Federación y los estados para contrarrestarla, pero es necesario avanzar todavía más “para que haya una respuesta inmediata en este rubro”.
María de la Luz Domínguez Campos no ofreció comentarios puntuales sobre el tema de la clasificación hasta el 2025, de parte del Protocolo de Personas Desaparecidas o no Localizadas que hizo en febrero de 2013 la entonces Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima), actual Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Y si al respecto del fenómeno cada vez más visible en el país de que sean los propios familiares de las mismas quienes realicen las funciones de las autoridades investigadoras, como ha ocurrido en los estados de Guerrero, Veracruz, Morelos y Sinaloa, deben proporcionárseles las herramientas actualmente reservadas por ley y capacitárseles en estos procedimientos.
Dijo que el tema tendría que revisarse, y reiteró que debe “eficientarse la aplicación de este protocolo para que tenga un resultado efectivo” y si se complica la localización de las personas dentro de las primeras 48 horas, que la familia “sí tenga información inmediata y de primera mano” sobre las investigaciones al respecto.
