■ La forma de lograrlo es que la ciudadanía se organice y presione al Ejecutivo y Legislativo
■ Se deben impulsar cambios legislativos para un mayor control de los recursos públicos, dijo
La inseguridad y la corrupción son los dos elementos prioritarios en los que debe centrarse el nuevo gobierno estatal en cuanto tome protesta su titular en el mes de septiembre. Así lo consideró el ex procurador de justicia de la entidad, Aquiles González Navarro.
Para combatir estos dos problemas que laceran a los ciudadanos en la actualidad, precisó, se debe impulsar una serie de cambios legislativos que conllevarán mayor control sobre los recursos públicos que manejan los tres poderes del Estado y que, por tanto, dejarán menos espacio para la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas.
Por estas implicaciones consideró que los políticos, por sí solos, no van a querer impulsar estas reformas; por lo que González Navarro apuntó que la única posibilidad de lograr las modificaciones necesarias es que la ciudadanía se organice y presione; “vamos a exigir todos al gobernador que quede estos planteamientos”.
Prevención del delito y policía
investigadora contra inseguridad
Para combatir la inseguridad señaló que se requieren políticas públicas en varios rubros, siendo el primero de ellos el de la prevención del delito. En éste, apuntó que habría que crear programas sociales de apoyo a la juventud, principalmente enfocados a la educación y a la generación de empleos.
Comentó que en el panorama actual la juventud no tiene “esperanza de vida útil” pues no hay opciones de empleo en el estado. Por ello, concluyó que “si no se hace esto, estamos generando un ejército de reserva para los grupos de la delincuencia”.
Otro punto que debe tratarse en el tema de la inseguridad es la administración de justicia para que sea eficiente. Aunque consideró que el Tribunal Superior del Estado (TSJEZ) está “trabajando bien”, expuso que sí habría que modificar su ley orgánica para quitarle al gobernador la facultad de elaborar las ternas de magistrados.
Después de la administración de justicia, expuso González Navarro, hay que mejorar la rehabilitación de los delincuentes que están en centros de reclusión, empezando con la separación entre reos federales y estatales.
El que estas dos categorías de presas convivan en las cárceles, indicó, provoca que “el reo federal convierta al reo común en su siervo al interior del penal, va por dulces, galletas y refrescos, (…) y así salen perfeccionados y con trabajo en la delincuencia organizada”.
El último paso que hay que tener en cuenta con quienes han estado presos es el de lograr una verdadera reinserción social estableciendo, por ejemplo, contacto con empresarios para que les den oportunidades de trabajo.
Otro elemento relacionado con el combate a la inseguridad tiene que ver con el fortalecimiento de las Policía Ministerial que trabaja en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ).
En este sentido expuso que deberían invertirse recursos en la creación de una verdadera policía investigadora para que realice las indagatorias de un suceso utilizando mecanismos científicos y no de tortura, además de contribuir con ello al combate de la impunidad.
El ex procurador sostuvo que también se requiere descentralizar los servicios periciales para que al menos haya tres “subsedes” en el estado; una en Zacatecas, otra en la región de los cañones, por ejemplo, en Jalpa, y la última para la zona norte en Río Grande o Fresnillo.
Autonomía de PGJEZ y Tribunal de
Cuentas para combatir corrupción
Dentro de las acciones que deberían impulsarse al interior de la procuraduría se encuentra la de otorgarle autonomía y este punto, agregó, forma parte también de los cambios necesarios para el combate a la corrupción.
González Navarro precisó que ahora el titular de la PGJEZ está limitado porque tiene depende del gobernador, que privilegiará la política antes que la justicia. Por ello es importante que esta figura no sea un nombramiento directo del mandatario estatal.
Para el combate a la corrupción, aparte de lograr la autonomía de la procuraduría, mencionó que se debe tener una ley con el tabulador general de sueldos, así como “rescatar” la iniciativa del Tribunal de Cuentas.
Acerca de este ente, cuya propuesta de conformación está congelada en el Congreso local desde hace seis años, destacó que sería un órgano colegiado conformado por tres magistrados designados por los tres poderes del Estado pero que trabajarían bajo un mecanismo de “auscultación popular”, por lo que serían autónomos.
Con la creación del tribunal, los diputados dejarían de tener funciones de fiscalización de los recursos públicos para únicamente enfocarse a legislar y realizar gestión social.
González Navarro apuntó que ahora “el diputado negocia los asuntos de la auditoría superior” y con este cambio perderían esta posibilidad, pues la primera instancia de revisión sería el Tribunal de Cuentas, en segundo lugar en caso de haber inconformidades estaría el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, como último recurso, el Juicio de Amparo.
Asimismo, explicó que otra característica principal del Tribunal de Cuentas sería el hecho de tener “facultades jurisdiccionales”, es decir, podría proceder a un embargo inmediato mientras la instancia con irregularidades trata de solventar las observaciones realizadas.
Hay que reformar Ley de
Participación Ciudadana
Mientras que el combate a la corrupción y a la inseguridad es la tarea prioritaria para el nuevo gobierno, González Navarro aseguró que la sociedad también tiene una labor inmediata que hacer ante la llegada del próximo Ejecutivo estatal.
Se trata de pelear para que se impulsen cambios en la Ley de Participación Ciudadana que hay en el estado, a fin de incluir la revocación de mandato a los tres mecanismos ya contemplados, que son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana.
Además, agregó que los resultados que se deriven de la aplicación de cualquiera de estos cuatro mecanismos de participación ciudadana deben ser vinculantes, pues en este momento “no obligan al gobernante”.
