- El Gobierno Federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios
- Investigación de Animal Político y MCCI reveló que 11 dependencias federales están involucradas en contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos
- UAZ y la Sagarpa “simularon un esquema” de transferencia de recursos federales
- UPSZ recibió más de 200 mdp de transferencias derivadas de convenios con la Federación
El portal de noticias Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), realizó una investigación en la que reveló que 11 dependencias federales están involucradas en contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos.
A continuación se reproduce parte del reportaje:
Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.
Por eso está en la cárcel.
Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.
El Gobierno Federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Sólo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.
Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.
La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.
Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.
Caso UAZ
En febrero de este año se reveló que La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) compró papelería, insumos de computación, impresiones y arrendó equipos de cómputo a dos empresas cuyos giros de negocios no abarcan la venta de estos productos.
En 8 meses las compañías Comercializadora Osemun, domiciliada en el Distrito Federal, y Sistema Editor Láser, ubicada en la ciudad de Puebla, ganaron 18 procesos de “adjudicación directa previa 3 cotizaciones” por un monto global de 4 millones 465 mil 964.37 pesos.
Este recurso forma parte de una bolsa de 90 millones de pesos que se deriva de dos contratos firmados por la UAZ, a través del Área de Proyectos Estratégicos, con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Asimismo, la UAZ y la Sagarpa “simularon un esquema” de transferencia de recursos federales, de contratación de empresas y personas físicas y de prestación de servicios, con el que se presume un “probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por 219 millones 430 mil pesos.
Este hecho fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los resultados de la revisión a la cuenta pública 2015 de la Universidad.
Los datos de la UPSZ
Tan sólo de enero a junio de 2017 la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) recibió más de 200 millones de pesos por concepto de transferencias derivadas de convenios federales.
La Jornada Zacatecas tiene los estados contables que la institución educativa elaboró hasta junio de este año y en ellos se expone que la universidad cuenta con 211 millones 574 mil 456.18 pesos de ingresos, de los cuales un millón 514 mil 766 pesos corresponde a recurso federal y 2 millones 767 mil 76.20 pesos a lo aportado por el Gobierno del Estado.
Sin embargo, casi la totalidad del dinero que ingresó a la universidad hasta el 30 de junio, es decir, 207 millones 292 mil 613.98 pesos, viene de “transferencias provenientes de los Convenios Federales”.
La Jornada Zacatecas cuenta con ocho convenios de colaboración firmados entre la UPSZ y las dependencias federales de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Los documentos en poder del diario abarcan el periodo de enero de 2016 y están vigentes hasta diciembre del presente año, por lo que algunos continúan vigentes. En ellos, la institución educativa presta servicios por la cantidad de 272 millones 184 mil 642 pesos.
UPZ y empresas fantasma
Desde 2015 a la fecha, la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) ha pagado al menos 3 millones 497 mil 822.77 pesos a dos empresas fantasma por diferentes bienes y servicios.
Una de las compañías es Kelia Soft S.A. de C.V., la cual recibió por el concepto de “proyecto de investigación norma” un total de 2 millones 700 mil pesos, mientras que la otra empresa, AAMIF Consultores S.C., le facturó a la universidad más de 797 mil 822.77 pesos por una “asesoría en aplicación de estímulos fiscales”.