En el apartado IV. Más allá del gobierno: empresas, ciudadanos y cultura de la legalidad, del ya multicitado estudio de María Amparo Casar, México: anatomía de la corrupción, la académica inicia con una cita extraordinaria de Sor Juana Inés de la Cruz: ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar? En esta expresión poética, podríamos resumir quizá el tópico más claro, pero también el que más evitamos, cuando al tratar de la corrupción se trata.
Es políticamente incorrecto insinuar siquiera, desde cualquier posición institucional, que el pueblo es no sólo corruptor, sino también corrupto. Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto, lo expresara en una entrevista, lo que vino no fue la recepción del comentario, con un ánimo de autocrítica nada halagüeña, más bien, hubo el rechazo tajante, del mensaje por el mensajero. Pero, los datos, que no mienten, ni andan justificándose y mucho menos haciendo política, nos pegan en la cara, de forma incómoda pero cierta.
Hemos explorado en las anteriores participaciones cómo el sistema democrático y las instituciones no han sido capaces en México de superar la corrupción, ni interna, ni externamente y cómo, como diría la misma Casar, pareciera que existe un pacto entre la clase política para evitar que entre ellos exista algún tipo de castigo, permitiendo así altos grados de impunidad, teniendo en casos, cada vez más comunes, la ciudadanía que hacerlo a través del voto: instrumento de decisión cívico que ha venido adquiriendo poder, sin que haya pasado de ser aún, constitutivo apenas de la definición sobre quién toma las decisiones y no sobre qué y cómo se toman estas decisiones.
Sin embargo, ha quedado demostrado que éste es un problema complejo, sin causas aisladas, sino más bien, de múltiples factores, que en conjunto, le han hecho perdurable, e incluso, ha impregnado muy profundamente la conciencia común de los mexicanos.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el estudio de Amparo Casar y un reciente artículo de Otto Granados, en la revista Nexos (Número 448), la práctica de actos de corrupción no son exclusivos del sector público o de la relación de empresas e individuos con éste, ya que al interior de la iniciativa privada hay un alto porcentaje de acciones que encajan a la perfección en la esfera de la ilegalidad e impunidad.
Ambos autores, citan la Encuesta sobre Fraude en México KPMG del año 2010, que demuestra como el fraude interno en el sector empresarial (es decir el hecho por individuos que laboran dentro de la misma empresa), tiene hasta un 75% de incidencia, superando a Brasil (68%), Argentina y Chile (41% en ambos casos).
La mayor causa de este tipo de acciones, tiene que ver con los trámites burocráticos, que sin dejar de ser discrecionales, son complejos, tardados, obsoletos en ocasiones, sin evitar que al final, estén en manos de un solo individuo, sino al contrario, dando poder de decisión a todo un conjunto de funcionarios y titulares de dependencias gubernamentales. Aunque también los hay, para obtener licitaciones no ganadas a través de la mejor oferta, concesiones, ser beneficiarios de un programa, etc.
Pero, los ciudadanos de a pie no se están siquiera cerca de estar exentos de tal “cultura”. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi 2013, en trámites más sencillos, como los del Registro Civil, Vehiculares, de energía eléctrica o agua potable, entre otros más, hubo más de cuatro millones de actos de corrupción, principalmente en el concepto Contacto con autoridades de seguridad pública (sobrepasando el millón setecientos mil).
Todo ello, por supuesto, tiene una íntima relación con la contracara de la cultura de la corrupción: la cultura de la legalidad, supuesto inherente al Estado de Derecho, y a una sociedad en armonía contra la corrupción. La Encuesta de Cultura Constitucional de la UNAM 2011, demuestra cómo tan solo el 35% de los mexicanos no está dispuesto a violar la ley, sin importar si la considera justa o no. Mientras que la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación 2012, indica que solo 42% está de acuerdo en que los ciudadanos deben obedecer siempre las leyes, aun cuando sean injustas.
Ello tiene que ver, principalmente, con la conducta institucional de los dos poderes ajenos al Ejecutivo: el Legislativo, que debe socializar su trabajo al momento de crear las normas que regirán a la sociedad que representa; y el Judicial que debe justificar, explicar y empoderar las razones por las dicta sus sentencias, y el sentido de éstas.
El estudio de María Amparo Casar, hace una precisa exposición de más estadísticas en este sentido, cómo por ejemplo, la normalidad con la que el mexicano ve la piratería.
Otto Granados, en La corrupción consentida (Nexos 448), propone lidiar con la corrupción a través de la prevención y una intensa campaña de promoción de valores ciudadanos, en la que la honestidad y no la malicia, sea celebrada y motivada a compartir, más allá del “agandalle”, mexicano.
Cabe cerrar con el mismo exhorto: entre mejores ciudadanos seamos, mejores funcionarios, líderes y dirigentes tendremos, a base de nuestra elección, pero también de nuestra intolerancia a quiénes no estén a la altura de nuestra conducta cívica y política. Es una tarea ardua, de convicción e independencia más allá de las nuevas legislaciones, compromisos, declaraciones y escándalos aislados. ■
@CarlosETorres_
