¿Cuál será la relación del nuevo gobierno con la sociedad civil organizada? Al inicio de la administración federal se elevaron declaraciones en contra de organizaciones sociales que (se argumentó) eran núcleos de clientelismo político. La imagen que se usó para desprestigiarlas fue la clientelización de organizaciones tipo Antorcha Campesina. Sin embargo, el efecto de esta visión es sobre todas las organizaciones: de productores agrícolas, de comercialización u organizaciones populares urbanas. En el mismo sentido fueron las acciones contra las guarderías y las organizaciones de mujeres víctimas de violencia. Estamos no sólo ante una serie de acciones contingentes que cuestionan algunas organizaciones que han hecho mal uso de recursos públicos, sino frente a una visión general de la relación que va a establecer el gobierno con la sociedad civil organizada; por ello, decenas de OSC’s han solicitado una reunión con el Presidente para dialogar el tema. Organizaciones que van desde aquellas que atienden los derechos humanos de comunidades indígenas, de temas migrantes, la salud de infancia vulnerable, medioambientales, educación popular, etcétera. Conozco a una parte importante del listado de los firmantes de la solicitud y, por su perfil o trayectoria organizativa, los ubico claramente en la izquierda social y política.
La cuestión es de suma importancia porque define el tipo de Administración Pública que activará este gobierno. Y a su vez, indica la eficacia y efectividad que puedan tener las políticas públicas emprendidas por el Estado. Me explico. La crítica más importante a los modelos de administración púbica anteriores y al actual gerencialismo, es que han creado formas de gobierno impotentes: no han logrado modificar la realidad en tres décadas. Tanto el modelo del Estado autoritario, como el de la pretendida eficiencia gerencial de procesos, han sido incapaces de crear estrategias y programas que resuelvan los problemas sociales. La pobreza, delincuencia, fragmentación, inmovilidad social o el déficit de la calidad educativa siguen ahí, no han podido siquiera disminuir. Pues bien, el diagnóstico de los estudiosos de la administración pública arroja que la causa de la inefectividad de los gobiernos es su desconexión con la sociedad. Esto es, que las capacidades estatales están por debajo de la complejidad de los problemas púbicos, así que la única manera de elevar los impactos de las acciones gubernamentales es con las llamadas “capacidades relacionales”: con la cooperación de la sociedad civil en los diversos temas.
En suma, los mediocres resultados de los gobiernos son producto de la poca participación ciudadana en la atención de los problemas públicos, por ello, la solución toma una dirección determinada: cómo lograr estructuras de gobierno post-burocráticas. Los debates más relevantes están en torno al Estado Abierto, lo cual supone tanto gobierno como parlamento abierto. Así las cosas, muchos creímos que un gobierno venido de las izquierdas iba a profundizar la democratización y apertura del Estado. No al revés. Si la enfermedad es el déficit de participación, entonces la cura es impulsar y profundizar el apoyo a la organización social y ciudadana. No desalentarla.
Con el discurso de la sospecha y el estribillo del clientelismo, se inhibe la participación y la organización ciudadana. Es un balazo en el pie. Un auténtico despropósito. Ahora bien, luego de sobreponernos a la sorpresa que genera confirmar esta visión contra las OSC’s, la pregunta es, ¿por qué hacer eso? Y para ser honesto, no lo sé. Sólo cuento con una hipótesis que me aporta el razonamiento.
Hace medio siglo, el ámbito de lo público era exclusivo del Estado, y la sociedad civil estaba ubicada en la esfera de lo privado (junto al mercado). Sin embargo, hace algunas décadas se dio un fenómeno donde emergieron organizaciones de ciudadanos que tienen por objeto la atención de problemas públicos. Algunos teóricos las llamaron ‘el tercer sector’, porque no eran Ni Estado, Ni mercado; sino un espacio público-no-estatal. Pues bien, el cúmulo de OSC’s constituyen una estructura intermedia entre el Estado y la propia sociedad. Entonces, la pregunta se traslada a esta: ¿por qué se quiere desmontar esta estructura intermedia? Me parece que el gobierno cree que dicha estructura de intermediación le quita capacidad de operación o de incidencia directa con la sociedad. Es decir, ve la intermediación como obstáculo para su capacidad de maniobra política. Pretende que para realizar los cambios históricos que prometió en campaña requiere de una enorme concentración de poder. Esto es, identifica concentración de poder con aumento de capacidades para generar cambio. Se equivoca. Las capacidades de cambio se relacionan con la distribución social del poder. Además, la eliminación de las intermediaciones sociales es justo uno de los rasgos de la derecha política, que prefiere tratar con individuos que con identidades colectivas.
Estamos en un escenario preocupante: el intento de edificar un Estado Cerrado sin modificar el modelo neoliberal y, con ello, sin posibilidades reales de realizar los cambios que se requieren para resolver los grandes problemas públicos estructurales, como la movilidad ascendente, la cohesión social y la pobreza. Cosa de signos: el discurso contra la sociedad civil lo realizó Amlo en medio de una reunión con los hombres de negocios de este país: desde el templo del neoliberalismo se anuncia al Estado Cerrado. Sin embargo, creo que su intento no tendrá éxito, tendrá que desdecirse y desandar sus pasos. Por fortuna, las decisiones no son producto de un decisor unipersonal, sino efecto de una correlación de fuerzas al interior mismo del Estado. Esta puja ya inició, esperemos un poco para ver su desenlace.
